Arévalo denuncia al juez Fredy Orellana ante la Junta de Disciplina Judicial
Bernardo Arévalo presentó una denuncia formal ante la Junta de Disciplina Judicial contra el juez Fredy Raúl Orellana Letona, titular del Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal de Guatemala.
Redacción
La acción deriva de la resolución emitida por Orellana el 24 de octubre, en la que declaró la nulidad absoluta del comité pro formación del Movimiento Semilla, y notificó su decisión al Congreso y al Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Según el mandatario, el juez habría incurrido en dos faltas contempladas en la Ley de la Carrera Judicial (Decreto 32-2016):
Una falta grave, por alterar las formas del proceso judicial. Y una falta gravísima, por interferir en las funciones de otros organismos del Estado.
Arévalo sostiene que estas acciones vulneran principios esenciales de la independencia judicial y del orden constitucional. Por ello, solicita la suspensión provisional del juez, conforme al artículo 52 de la referida ley, mientras avanza el procedimiento disciplinario.
También pide que, al concluir el proceso, se imponga la destitución e inhabilitación de Orellana para ejercer cualquier cargo dentro del Organismo Judicial. Además, el presidente solicita que se certifique lo conducente al Ministerio Público, al considerar que existen indicios de responsabilidad penal por delitos como prevaricato, abuso de autoridad y resoluciones violatorias a la Constitución.
La denuncia surge tras la intervención de la Corte de Constitucionalidad (CC), que anuló la resolución de Orellana y reafirmó la validez de las elecciones generales de 2023.
En su fallo, la CC subrayó que las actuaciones del juez representaban una amenaza directa a derechos fundamentales como el de elegir y ser electo, y atentaban contra principios democráticos esenciales como la soberanía popular y la alternancia en el poder.
El juez Orellana había declarado la nulidad del partido Semilla con base en un planteamiento de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), que señalaba supuestas irregularidades en el proceso de afiliación.
La acción de Arévalo prueba los límites de la independencia judicial y la relación entre justicia penal.
