Oro ilegal como moneda geopolítica

Berit Knudsen

El crimen organizado no se limita al narcotráfico o a viejos carteles. Opera con sofisticadas redes ilegales del oro, silenciosas y rentables. Convergen contrabandistas, políticos, empresarios y operadores financieros que convierten este metal en la nueva fuente de poder. Sistemas globales del crimen que financian campañas, corrompen instituciones y capturan territorios con la precisión de una multinacional.

El oro no se degrada, no huele, ni se rastrea con facilidad. Cada gramo es una reserva de poder, trasciende fronteras sin dejar huella. Con precios internacionales superando los 4 000 dólares por onza, el incentivo criminal crece. Sus campamentos son nodos dispersos, conectan yacimientos clandestinos con refinerías legales y mercados internacionales en una economía paralela.

Las redes del oro funcionan con la lógica del narcotráfico, con menor riesgo penal. Controlan territorios con violencia o corrupción local. Pagan por combustible, explosivos y maquinarias con fondos de otras economías ilícitas —droga, madera, trata—, lavando dinero con empresas fachada y exportadores.

En los eslabones intermedios, los “blanqueadores” producen certificados de origen falsos, adulteran documentos y declaran el oro como producción artesanal. Casi la mitad del metal exportado se dirige a India, Emiratos Árabes Unidos o Turquía, donde los estándares de verificación de origen son bajos, desapareciendo toda huella.

No solo destruyen el ecosistema: financian el poder. El oro ilegal compra voluntades políticas y mediáticas con fundaciones, consultorías o pautas. Infiltran campañas electorales que capturan instituciones. Fiscales, jueces, policías y funcionarios son neutralizados con sobornos o miedo. Bloquean controles, diluyen investigaciones para fabricar permisos “en regla”. Régimen paralelo donde la ley se alquila al mejor postor.

El impacto económico es devastador. Las exportaciones auríferas peruanas provienen de zonas con escasa fiscalización, evasión fiscal y competencia desleal contra la minería formal. Mientras las mafias fortalecen su presencia territorial, el Estado pierde miles de millones en ingresos. Esa economía subterránea reemplaza al Estado: impone reglas, distribuye empleos, cobra “impuestos” y castiga la desobediencia. Los pueblos mineros se transforman en feudos criminales donde el poder político depende del flujo del oro.

A nivel regional, el fenómeno adquiere carácter geopolítico. Las redes de oro se superponen con rutas de narcotráfico, tráfico de armas y contrabando de combustibles, corredores estratégicos en la Amazonía y los Andes. Las guerrillas, antes financiadas con cocaína, ahora dependen del oro, moneda del Estado paralelo.

El oro ilegal avanza, superando al narcotráfico. Como herramienta de control: quien domine la cadena del oro domina el territorio. En una dimensión cultural, el oro conserva un poder simbólico ancestral: representa ascenso, libertad y redención. En regiones abandonadas por el Estado, el imaginario legitima la minería como alternativa para el progreso. Lo ilegal se percibe como aceptable si garantiza ingresos, frente a un Estado que ofrece burocracia y pobreza. Así, la cultura del oro tolera el delito, convirtiendo la corrupción en oportunidad.

Combatir esas redes exige más que operativos policiales. Requiere cortar las rutas del dinero: sancionar a compradores, regular la trazabilidad, bloquear la exportación de oro sin certificados verificables, depurando instituciones capturadas. Exige recuperar la narrativa. Mientras el crimen siga financiando discursos, campañas y medios, seguirá moldeando el imaginario colectivo. El oro compra silencio, corrompe instituciones y sostiene gobiernos. Refleja la fragilidad democrática y el dinero que la reemplaza.

Mientras el Estado no logre romper la alianza entre crimen y poder, cada lingote seguirá siendo la victoria del oro ilegal sobre la ley.