Inflación como política de Estado

Berit Knudsen

Una forma de dominación económica, controlada políticamente

Los economistas siempre explicaron la inflación como un fenómeno técnico: mucho dinero persiguiendo pocos bienes. Pero hoy la inflación ha dejado de ser un accidente de política monetaria para convertirse en un mecanismo deliberado de poder. Los gobiernos, con matices, imprimen dinero para sostener el déficit fiscal, los bancos centrales se someten a la presión política, los mercados celebran la liquidez abundante y las familias descubren que el salario real vale cada vez menos. Transferencia silenciosa de riqueza desde la clase media hacia el Estado y grandes corporaciones.

En 2020 la Reserva Federal de los Estados Unidos expandió la masa monetaria en un 27%, el mayor aumento de la era moderna. Jerome Powell venía retirando ese exceso de forma gradual, pero en su reciente viraje ha detenido el drenaje para mantener la liquidez, marcando el fin de la independencia monetaria. Ya no busca enfriar la economía, sino evitar que el crédito colapse y arrastre la estabilidad política. Así se tolera una inflación anual del 3%, por encima del objetivo histórico del 2%, que en una década disolverá casi la mitad del poder adquisitivo ciudadano. Un discreto método para recaudar sin subir impuestos y eficaz forma de erosionar la riqueza de quienes viven de su trabajo.

En Europa, la ecuación se agrava. Los gobiernos, incapaces de ajustar el gasto, compensan el déficit con impuestos y tributos. España, Italia y Francia repiten el guion, con inflación que empobrece e impuestos que asfixian. El ciudadano paga doble: su dinero vale menos y la carga fiscal crece so pretexto de mantener el “Estado de bienestar”. Las pequeñas y medianas empresas, sostén real de la economía, sufren las consecuencias del crédito caro, las regulaciones que multiplican los costos y una burocracia que recauda incluso de la pérdida.

China acumula oro, reduce su exposición al dólar y consolida su dominio en los mercados de minerales estratégicos. No busca competir, sino construir un orden alternativo. Su política económica, subordinada al poder estatal, se orienta a la productividad. Occidente, en cambio, elige la comodidad inflacionaria: financiar la política con dinero sin respaldo. El comercio ya no se guía por eficiencia, sino por alineamientos políticos; cada país protege sus cadenas de suministro, destruyendo la lógica de precios bajos que sostuvo al mundo por tres décadas.

La inflación se multiplica por tres fuentes simultáneas: monetaria, fiscal y geopolítica. Se imprime para sostener el gasto y tapar déficits, y los bienes se encarecen por la fragmentación del comercio. La causa real es una política que captura la economía. Los bancos centrales, antiguos guardianes del valor del dinero, se convierten en instrumentos de gestión del poder. Los gobiernos en lugar de corregir los desequilibrios los administran con más liquidez. Y los mercados suben con los excesos, apuestan a una emisión constante, mientras la inflación erosiona los salarios.

El nuevo contrato social no escrito ofrece estabilidad aparente a cambio de un empobrecimiento gradual. El ciudadano medio ve cómo sus ahorros pierden valor, la carga tributaria aumenta y su capacidad de consumo se reduce, mientras el Estado se fortalece y las grandes corporaciones concentran los flujos de capital. 

La inflación deja de ser un error técnico para transformarse en una forma de dominación económica, controlada políticamente. Cada rescate, subsidio o estímulo se financia con dinero sin respaldo. La clase media se convierte en amortiguador del sistema. Su pérdida de poder adquisitivo sostiene un equilibrio que las élites políticas y financieras se niegan a romper.