Del “reajuste” al “no fue fuga”: el arte del eufemismo en el Gobierno

Otra vez el gobierno de Bernardo Arévalo se aferra al diccionario para intentar sobrevivir a una crisis. Esta vez, el Ministerio de Gobernación insiste en que los 20 reos del Barrio 18 que salieron por la puerta del penal de Fraijanes II no “se fugaron”, sino que “evadieron” los controles. La semántica como política pública.

Redacción

El ministro Francisco Jiménez, quien ha descartado renunciar pese al escándalo aseguró que lo ocurrido fue una “evasión”, no una fuga. Según él, los reos “no rompieron muros ni cavaron túneles”, sino que aprovecharon fallos en los controles de seguridad. Pero el problema no está en el verbo, sino en la incapacidad de un sistema que ni siquiera sabe cuándo ni cómo desaparecieron 20 hombres de una cárcel de máxima seguridad.

El Gobierno ya había ensayado esta técnica de maquillaje verbal: cuando el Congreso aprobó una ampliación presupuestaria de más de Q4 mil millones, la llamaron un “reajuste”. Ahora, la fuga es “evasión”. La constante es la misma: redefinir la realidad para suavizar el golpe político.

La sintaxis del poder

El cambio de palabra no borra los hechos. Los pandilleros se escaparon, el sistema penitenciario falló, y las autoridades fueron tomadas por sorpresa. No fue una “evasión”, fue una muestra brutal de descontrol, negligencia y posible complicidad interna. Pero en el lenguaje oficial, la prioridad no es corregir, sino disfrazar.

El problema del gobierno no es lingüístico, es estructural. Cuando las cárceles están penetradas por el crimen organizado, cuando los custodios venden información y cuando los controles dependen de revisiones “rutinarias”, no hay palabra amable que sirva de escudo.

El lenguaje se convierte en refugio de la ineficiencia. La “evasión” es la forma burocrática de decir “no tenemos control”. Lo mismo que cuando el “reajuste presupuestario” fue la manera elegante de decir “gastaremos más”.

Una crisis que no se maquilla

Mientras el Ejecutivo busca la palabra correcta para explicar lo inexplicable, el país entero se pregunta cómo es posible que 20 o más integrantes del Barrio 18 hayan salido sin resistencia de un penal que se suponía de máxima seguridad y aún peor esto sucedió en el transcurso de varios meses. La respuesta oficial oscila entre el tecnicismo y la negación.

Jiménez prometió “ir con todo” contra los responsables, pero hasta ahora las acciones visibles se reducen a destituciones menores y promesas de investigación. Entre tanto, el discurso político intenta cambiar el enfoque: no hablar de fuga, sino de “evasión”, como si la sintaxis corrigiera la incompetencia.

Injerencia o apoyo

Pese a todo, se agradece que la Embajada de Estados Unidos intente llamar la atención de la misma administración que defendió con tanto ahínco desde 2023. En un comunicado, la sede diplomática calificó como inaceptable la fuga de reos.

Horas mas tarde, el gobierno de Guatemala confirmó la participación de la embajada estadounidense en las investigaciones y en las pruebas de polígrafo a las autoridades del sistema penitenciario.

Según el anuncio, quienes no cumplan con los estándares éticos serán separados de su cargo y puestos bajo investigación. La intervención estadounidense, aunque diplomática en su forma, evidencia una realidad incómoda: que la confianza internacional en la gestión de la seguridad guatemalteca se ha erosionado al punto de requerir supervisión externa.