Orden, seguridad y dignidad: cárceles para proteger a la sociedad

Por Lesther Castellanos Rodas

Guatemala vive con miedo. La gente honesta de nuestras colonias, barrios y  aldeas teme cada día ser víctima de una extorsión, un robo, un secuestro o incluso un asesinato. Ese miedo no surge solo de las calles: gran parte de esta violencia nace detrás de los muros de nuestras cárceles. Es un contrasentido que los lugares destinados a protegernos de los criminales se hayan convertido en las oficinas desde donde se sigue ordenando el crimen.

Hoy el sistema penitenciario arrastra fallas estructurales y de legalidad. Nueve cárceles siguen bajo el control de la Policía Nacional Civil, a pesar de que nuestra Constitución lo prohíbe. Tenemos tres modelos distintos de administración: las de la PNC, el viejo modelo y el nuevo modelo penitenciario, lo que genera desorden, vacíos jurídicos y privilegios indebidos. No existe separación entre procesados y sentenciados, una obligación básica que el Estado ha incumplido por décadas. Y, como todos sabemos, desde prisión siguen fluyendo llamadas de extorsión que lastiman a miles de familias guatemaltecas.

No es exagerado decirlo: nuestras cárceles se convirtieron en una extensión del crimen organizado. La llamada “talacha”, esos cobros ilegales dentro de los centros, es el símbolo de que el sistema penitenciario no tiene autonomía real. Mientras siga atado al Ministerio de Gobernación, será rehén de intereses políticos y carecerá de la fuerza institucional que se necesita.

Ante esta crisis, hay un principio que no podemos negociar: toda cárcel en Guatemala debe garantizar máxima seguridad y control. Esto no significa castigo inhumano ni abuso, sino orden, disciplina y tecnología que impida que los reclusos continúen delinquiendo desde adentro. Si la prisión deja de ser un centro de operaciones criminales, nuestras calles serán más seguras y nuestra gente podrá vivir con menos miedo. Existen ejemplos en la región de cárceles de alta seguridad que han reducido la capacidad de las maras para seguir actuando desde prisión. No se trata de copiar modelos, sino de aprender de ellos y diseñar uno que responda a nuestra realidad, siempre con respeto a la dignidad humana y con controles externos que garanticen que no se cometan abusos.

Ahora bien, también debemos reconocer una verdad: no todos los internos son irrecuperables. La mitad de la población penitenciaria en Guatemala está en prisión preventiva, es decir, aún no ha sido condenada. Muchos de los sentenciados lo están por delitos menores. En estos casos, no podemos permitir que las cárceles se conviertan en “universidades del crimen”. Necesitamos programas serios de trabajo y educación, no como un favor al reo, sino como una inversión en seguridad ciudadana. Quien aprende un oficio dentro de prisión como: carpintería, construcción, agricultura, manufactura, tecnología básica, etc,  tiene más posibilidades de reinsertarse y menos de reincidir. Eso es proteger a la sociedad.

Por supuesto, los cabecillas de las maras y del crimen organizado merecen otro trato: aislamiento y control absoluto. Es la única forma de cortar la cadena de mando criminal que tanto daño le ha hecho a Guatemala. Pero incluso en ese aislamiento deben existir garantías mínimas de dignidad: alimento, salud básica, supervisión externa. La firmeza no está reñida con el respeto a la persona.

Lo que se describe no es una promesa mágica ni una política vacía. No se trata de gastar más dinero en cárceles, sino de invertir mejor: trasladar las cárceles que aún controla la PNC, crear un sistema penitenciario autónomo, unificar el modelo bajo máxima seguridad, construir cárceles preventivas y de condena como manda la Constitución, e introducir programas de trabajo obligatorio y aprendizaje de oficios. Este es el camino para cortar de raíz las extorsiones, disminuir la reincidencia y devolverle a los guatemaltecos el derecho a vivir en paz.

Nuestra Guatemala está cansada de vivir con miedo. Ya no queremos más asesinatos, robos, secuestros ni extorsiones. Sabemos que no todo se resolverá de la noche a la mañana, pero también sabemos que, si el Estado recupera el control de sus cárceles, habremos dado un paso decisivo para recuperar el control de nuestras calles. La cárcel no debe ser un lugar de privilegios criminales, sino un instrumento de seguridad para los ciudadanos y de esperanza para quienes todavía pueden reinsertarse.

El camino es difícil, pero posible: orden, seguridad y dignidad. Ese es el compromiso que Guatemala necesita para empezar a dejar atrás la sombra del miedo.