¿Integridad o intereses políticos? La posición oscilante del oficialismo en las asignaciones para los CODEDES
El diputado independiente José Carlos Sanabria argumentó su oposición al Decreto 07-2025, que permite a los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDES), disponer de los saldos no ejecutados. Más allá de lo clientelar y desacertado que pueda ser esto, la realidad es que, apenas hace un año, Sanabria fue un entusiasta defensor del decreto 27-2024, donde se planteó por primera vez el despropósito de galardonar la ineficiencia y la haraganería de quienes reciben millones para obra pública que no ejecutan.
Redacción
El discurso de Sanabria puede convencer a inocentes o desinformados, porque su mensaje contiene grandes verdades: 1. Se amplía el plazo para la ejecución de obras sin aval técnico o financiero; 2. Se vulneran principios de irretroactividad de la ley y de la certeza jurídica; 3. Se alimentan «prácticas nocivas que han prevalecido durante muchísimos años en la administración pública».
Al mismo tiempo que estas verdades irrefutables, el argumento de Sanabria expone una realidad distorsionada y omite que, hace un año, junto con los demás diputados independientes, él votó porque los remanentes no ejecutados fueran conservados por los CODEDES.
Como ejemplo de realidad distorsionada, está este comentario que el legislador dijo a los medios:
«Reducir los plazos en la emisión de los avales sí tiene sentido y nosotros como gobierno en aras de tener una ejecución más eficaz, más responsable, transparente y que atienda los problemas de la gente, estamos de acuerdo. Pero reducir los plazos sin garantizar mecanismos de control y de transparencia que además no resguardan la calidad de la obra pública, es contraproducente«.
En primera, asegura que el gobierno pretende «una ejecución más eficaz, más responsable, transparente»…cuando toda la ciudadanía sabe que desde enero de 2014 a la fecha no se ha asfaltado ni siquiera un kilómetro y mucho menos, construido un puente, drenajes, hospitales o escuelas.
El tema de la transparencia habla por sí mismo. Este gobierno tiene como una de sus características evadir cualquier fiscalización ciudadana. Según el índice anual de Percepción de Corrupción, Guatemala «ubicado por debajo del promedio mundial y regional, no ha hecho reformas estructurales para combatir la corrupción de manera efectiva».
Como ejemplo, Guatemala ocupa el puesto 146 entre 183 países, donde Uruguay, uno de los mejor calificados, aparece en la posición 13 y tiene 76 puntos, como indica el siguiente gráfico tomado de la página de FUNDESA
Guatemala, puntaje y lugar en el ranking de percepción de corrupción
¿Indignación oscilante? El discurso de Sanabria ejemplifica el actuar de los políticos
Que un diputado oficialista asegure que su gobierno es adalid en la lucha contra la corrupción y punta de lanza en la ejecución de obra pública, podría ser simple demagogia que creerán los que decidan aceptar esta versión, sea por dogmatismo o por conveniencia.
Pero que el mismo legislador, junto con todo su grupo, se oponga firmemente a una ley «temporal» y abiertamente inconstitucional que no existiría si ellos no hubieran promovido el decreto 27.2024, parece el colmo del impudor que caracteriza a los políticos, para quienes los fondos de los CODEDES siempre fueron un simple botín, el cual actualmente dejó de tener los candados que la ley imponía, gracias a los 21 votos que el grupo oficialista emitió en 2024.
Que ahora otro grupo de legisladores se apropie de la idea y la utilice en contra de sus creadores, solo es un vaivén del acontecer político, si bien dicho vaivén no es tan espectacular como el cambio de discursos de los independientes cuando la misma normativa no servirá a sus intereses.
