CSJ inaugura salas de Apelaciones en medio de críticas
El Organismo Judicial (OJ) insiste en avanzar con la designación directa de magistrados en las nuevas salas de Apelaciones, ahora respaldado por las instituciones que conforman la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia.
Redacción
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) informó el 4 de septiembre, únicamente por comunicados, la inauguración de salas en Suchitepéquez y Quetzaltenango, pero evitó revelar los nombres de los magistrados que asumirán esos cargos.
La decisión cuenta con el apoyo de representantes del Ministerio Público, Ministerio de Gobernación, Instituto de la Defensa Pública Penal, Inacif e Instituto de la Víctima, además del OJ.
La secretaría ejecutiva está en manos de Alejandra Carrillo, exdiputada y exdirectora del Instituto de la Víctima. El comunicado invoca el artículo 218 de la Constitución, que permite a la CSJ fijar el número de salas de Apelaciones, y la Ley del OJ, que autoriza ampliar el número de magistrados “cuando lo exijan las circunstancias”. Sin embargo, expertos recuerdan que la Constitución ordena que sea el Congreso quien elija a los magistrados, no la Corte.
La falta de transparencia genera más dudas que certezas. El Instituto de la Víctima incluso aclaró que no participó en la reunión donde se aprobó el comunicado de respaldo, mientras que el Ministerio de Gobernación guardó silencio.
El magistrado Estuardo Cárdenas fue de los pocos que se opuso a la designación directa, recordando que debía seguirse el procedimiento de notificar al Congreso para que fueran los diputados quienes hicieran la elección. Su postura solo fue respaldada por cuatro magistrados, insuficientes para revertir la decisión del pleno.
A la par, trascendió que algunos de los designados tendrían vínculos con el grupo cercano al magistrado constitucional Nester Vásquez, electo por el Colegio de Abogados.
Entre los nombres filtrados aparecen Jaquie Rodas, presidenta en Suchitepéquez; Herbert Tebalán, vocal en Quetzaltenango; y Miguel Ángel Balaña Herrera, letrado de la CSJ que ahora figura como magistrado suplente de la Sala Cuarta Civil.
Mientras tanto, la Corte de Constitucionalidad (CC) analiza las acciones de amparo que buscan frenar estas designaciones y devolver al Congreso la potestad de elección. Los demandantes fueron emplazados a ampliar su recurso; de no hacerlo, el proceso quedará sin efecto.
El trasfondo es claro: la CSJ se aferra a una interpretación constitucional que le permite avanzar con designaciones directas, aunque a costa de debilitar la legitimidad del sistema judicial.
