Petro: nacionalismo como distractor ante crisis interna, por Berit Knudsen

Por Berit Knudsen

El pasado 5 de agosto, el presidente colombiano Gustavo Petro sorprendió a su país y a la región al anunciar que trasladaría las celebraciones de la independencia y de la Batalla de Boyacá de Bogotá a Leticia, en plena triple frontera amazónica con Brasil y Perú. Acusó al Perú de ocupar ilegalmente la isla de Santa Rosa, violando el Tratado de Límites de 1922 y el Protocolo de Río de Janeiro de 1934.

La respuesta del Perú fue firme. Cancillería dejó claro que la isla de Santa Rosa, ubicada en Chinería, pertenece legítimamente al Perú desde 1929, asignada por la Comisión Mixta Demarcadora tras la firma del tratado. No existe controversia ni ocupación. A diferencia de otros países, el Perú ha cerrado todas sus fronteras mediante tratados internacionales, incluyendo el fallo de la Corte de La Haya que resolvió en 2014 su diferendo marítimo con Chile. No hay conflicto; es una maniobra política.

Como advertía Samuel Johnson, el nacionalismo suele ser el último refugio del político en apuros. Y Petro enfrenta la tormenta perfecta. Tras tres años de gobierno, su aprobación ha caído del 48 % en 2022 al 29 % en 2025. Ha perdido respaldo entre los jóvenes, sectores populares y ciudades clave como Bogotá, Medellín y Bucaramanga. Su coalición, el Pacto Histórico, llegó al poder con apenas el 13 % del Congreso, ampliando su base hasta el 60 % con alianzas partidarias; pero hoy el respaldo no supera el 25 %.

El Ejecutivo muestra fracturas internas profundas. Exministros y antiguos aliados denuncian un gobierno paralelo operado por un círculo íntimo, opaco e improvisado. Con el escándalo que involucra al excanciller Álvaro Leyva, suspendido por contrataciones irregulares, Petro fue acusado públicamente de comportamientos adictivos. La renuncia de la canciller Laura Sanabria agrava la parálisis diplomática y evidencia la ausencia de un rumbo internacional.

Las reformas estructurales laborales, de salud y pensiones propuestas en el Congreso han fracasado. En respuesta, Petro ha gobernado por decreto, con acusaciones de autoritarismo. Frente a la creciente oposición, planteó una Asamblea Constituyente, fórmula usada por Chávez en Venezuela, Correa en Ecuador y Morales en Bolivia para reconfigurar el poder, perpetuarse en el cargo y neutralizar a sus adversarios.

Su principal bandera, la “Paz Total”, ha colapsado. Las negociaciones con el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo no han frenado la violencia. Colombia atraviesa su peor ola de inseguridad desde 1997, con 150 municipios bajo control de grupos armados ilegales, masacres, reclutamiento de menores y 36.000 desplazamientos forzados en regiones como el Catatumbo.

Las relaciones con Estados Unidos se han deteriorado. El senador Marco Rubio ha denunciado el debilitamiento de la cooperación bilateral y advertido sobre sanciones comerciales. El acercamiento con Venezuela y la ambigüedad diplomática profundizan la desconfianza internacional. A esto se suma la condena por el atentado contra Miguel Uribe y los 12 años de prisión a Álvaro Uribe, percibida como la revancha política de Petro, exguerrillero, contra quien combatió al terrorismo. El respaldo tácito del presidente alimenta la polarización judicial.

Acusar al Perú no es un acto de defensa soberana: es un gesto desesperado para desviar la atención. Sin reformas viables, paz, respaldo político ni legitimidad internacional, Petro agita la bandera nacionalista como último recurso. Mientras habla desde Leticia, Colombia se desangra. Las amenazas no vienen de la frontera, sino del corazón mismo del poder: adicciones, descomposición institucional y una ciudadanía que ya no escucha con esperanza, sino con rabia contenida.