La verdad detrás del mito

Reportaje de investigación económica, por el Economista.

El martes 05 de agosto de 2025, dos diputados del casi clausurado partido Semilla presentaron una iniciativa de ley, la cual ha sido identificada bajo el código 6576 que dispone aprobar la Ley de Agilización de la Inversión Pública.

Como parte de la exposición de motivos que acompaña dicha iniciativa de ley, los diputados ponentes argumentan que la inversión pública desempeña un papel estratégico en el desarrollo económico y social, derivado que se construye infraestructura para “garantizar” el acceso a servicios esenciales como salud, educación, seguridad, agua potable, saneamiento, cultura, deporte y transporte.

Hasta aquí creo que podemos coincidir con el argumento de los diputados oficialistas, sin embargo, el tema se vuelve cínico cuando también esgrimen que en los últimos años se ha evidenciado una persistente baja ejecución de los recursos destinados a inversión. Claro, lo que no dicen es que esa caída corresponde al año y medio que lleva el actual gobierno.

Solo a manera de dar cifras, porque como se ha insistido, los número no tienen ideología, de acuerdo con el Sicoin, de 2010 a 2024 los gastos de inversión pública han tenido una ejecución promedio del 84.7% del presupuesto de inversión asignado, si revisamos las cifras alcanzadas por el anterior gobierno, nos arroja que entre 2020 y 2023 su promedio de ejecución en inversión fue de 84.8%, levemente arriba del promedio, pese a la pandemia del Covid-19, presentando una tendencia al alza, ya que en 2021 disminuyó a 73.4%, mientras que para 2022 ascendió a 89.4% y 2023 cerró en 93.7%.

Por su parte el gobierno actual ha roto con la tendencia creciente en los gastos de inversión y para 2024 reportó un paupérrimo 78.7%, la tercer cifra más baja desde 2010, lo cual evidencia la incapacidad de ejecución de este gobierno.

Aquí podrían decir que es injusto evaluarlos de esa manera, que lo que vale es comparar el primer año de gobierno contra los anteriores. Al hacer tal comparación lo que resalta es que de igual manera son el peor primer año de gobierno, en materia de gastos de inversión pública, ya que en 2012, cuando asumió el Partido Patriota, la ejecución fue de 93.6%, mientras que los gobiernos de FCN Nación y Vamos igualaron en 82.7%, mientras que como ya se dijo, Semilla “a penas” alcanzó el 78.7%.

No satisfechos con esas comparaciones, podemos hacer una última, que compare los gastos de inversión al cierre de julio de cada año. En este sentido, al confrontar los datos para el período 2010-2025, únicamente se logra ratificar que el gobierno de Semilla es incapaz de mejorar la ejecución, y a julio de 2024 y 2025 no han podido ni superar el promedio de ejecución quedándose con 41.5% y 39.0% respectivamente, mientras que el promedio a julio ha sido de 41.8%.

De esta comparación se puede concluir que los diputados de Semilla tienen razón, se evidencia la baja ejecución en inversión, principalmente desde que el actual gobierno asumió el poder.

Ahora bien, pero qué hay detrás de esta nueva iniciativa de ley. En primer lugar hay que comprender cómo funciona el Ciclo de Inversión Pública en Guatemala. Este ciclo, de acuerdo con la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), en su Guía de Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública, establece 3 fases:

1. Preinversión: fase que abarca desde la idea del proyecto, pasando por la elaboración del perfil, seguido de los estudios de prefactibilidad, factibilidad y concluyendo con el diseño final del proyecto.
2. Inversión: se refiere propiamente al momento en que se realiza la ejecución presupuestaria y construcción de la infraestructura correspondiente.
3. Postinversión: es la fase final y se refiere a la administración de, operación y mantenimiento de la infraestructura recibida.

Toda esta teoría sirve única y exclusivamente para comprender que los proyectos de inversión que se incluyen dentro del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado tienen agotada la fase de Preinversión y se encuentran en la fase de Inversión.

De una forma más clara, estos proyectos ya cuentan con los estudios que dan soporte técnico y metodológico (avales), y por lo mismo pueden ser incluidos en el Presupuesto para su ejecución/construcción.

Ahora bien, volvamos a la pregunta sobre la iniciativa de ley, si los proyectos incluyen todo esto, por qué es necesario que la ley que están proponiendo incluya artículos que indican que si no se aprueban los proyectos en determinado tiempo se debe entender como aprobados de oficio (Artículo 6).

La respuesta es clara, directa y cínica por parte de los diputados Godoy y Sanabria. El
Artículo 6 se denomina “Agilización de Trámites y Autorizaciones para la Inversión por medio de Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes)”. Esto implica que la necesidad de “agilizar” no es para todo el gasto de inversión, sino lo que les urge es agilizar el gasto por parte de los Codedes.

A este respecto debemos recordar lo publicado hace unos días, respecto a la nueva forma de aceitar la maquinaria para que el Congreso apruebe leyes, y esta es la aprobación de aportes extraordinarios a los Codedes y el uso de saldos no ejecutados del año anterior.

El tema es claro, los diputados departamentales se han sentido traicionados porque, si bien en el presupuesto público los Codedes figuran con un presupuesto de más de Q12,000.0 millones, el Sicoin muestra que la ejecución al 07 de agosto de 2025 es de únicamente el 22.4%, monto insignificante respecto a lo que esperarían los diputados departamentales que se hubiese ejecutado a la fecha.

Esta mala ejecución tiene una razón de ser, cuando el ministro Menkos y el diputado Julio Héctor Estrada planificaron que para aprobar la ampliación al presupuesto 2024 y el presupuesto 2025 se debían distribuir aportes extraordinarios a Codedes, estableciendo montos específicos por municipio, nunca consideraron si esos Codedes o esos municipios tenían proyectos que ya habían agotado la fase de preinversión.

Es decir, la estrategia fue repartir presupuesto a lo loco, corrección, repartir presupuesto en función del apoyo político, independientemente que los Codedes no tuvieran proyectos debidamente planificados. Algo que tampoco contemplaron los diputados departamentales y que cayeron en la trampa de aprobar, deslumbrados por un aporte extraordinario jugoso.

En conclusión, la verdad detrás de ese mito de querer desarrollo para el país a través de agilizar la inversión, pero no toda la inversión, solo la de los Codedes, obedece a que los diputados departamentales no han recibido las ganancias esperadas de los aportes extraordinarios y como ya viene la nueva aprobación del Presupuesto 2026, más el intento de aprobación de la iniciativa de lavado de dinero y la reforma a la Ley Orgánica del Presupuesto para que se construya en tierras comunales, el gobierno está urgido de cumplirle a los diputados, de lo contrario la agenda legislativa continuará estancada y los diputados departamentales ya no caerán en la misma trampa de aprobar aportes extraordinarios o saldos, sin tener la garantía que los recursos efectivamente les lleguen.

Si usted cree que los diputados de la nueva política son en verdad nueva política, piénselo dos veces, son caras nuevas con mañas viejas. Y si usted cree que un diputado promueve una iniciativa de ley para beneficio de la población, lea entre líneas y encontrará la verdad detrás del mito de querer bienestar.