Reforma para construir en tierras comunales: la “jugada social” de Arévalo para allanar un presupuesto inflado
El presidente Bernardo Arévalo presentó una iniciativa que permitiría al Estado construir infraestructura como escuelas, centros de salud, caminos en tierras comunales e indígenas sin que estas pasen a ser propiedad estatal.
Redacción
El gobierno la vende como un gesto de reparación histórica, pero detrás de la narrativa social podría esconderse un objetivo mucho más práctico: conseguir apoyo político para un presupuesto más grande y con mayor margen de ejecución.
La clave está en la asignación de recursos para estudios de preinversión y obras en territorios comunales, un argumento que podría seducir a diputados, alcaldes y líderes comunitarios a respaldar un gasto público más abultado.
No sería la primera vez que, en nombre de “proyectos para el desarrollo”, se abre la puerta a transferencias millonarias que luego se diluyen en contratos a empresas cercanas al poder o a organismos internacionales que operan con baja fiscalización.
La propuesta llega en medio de un Congreso entrampado, con escasa producción legislativa y con un Ejecutivo urgido de apoyos para destrabar su plan de gasto. Introducir una reforma con alto valor simbólico y dirigida a un sector históricamente excluido no solo genera titulares positivos, sino que ofrece un terreno fértil para negociar votos a cambio de “obras prometidas” en las comunidades.
El riesgo del cheque en blanco
El proyecto descansa en que un “acta de asamblea comunitaria” sea suficiente para autorizar construcciones. Sin embargo, este mecanismo podría transformarse en un filtro débil, abriendo la puerta a que recursos millonarios sean canalizados hacia obras mal ejecutadas, innecesarias o diseñadas para beneficiar a contratistas cercanos al gobierno.
Además, organismos internacionales y agencias de cooperación —con agendas propias— encontrarían en esta reforma un marco legal cómodo para intervenir con proyectos en territorios comunales, muchas veces sin rendición de cuentas directa a las comunidades.
El discurso oficial insiste en que no hay reforma agraria ni expropiaciones. Pero la coincidencia entre esta propuesta y las negociaciones por un presupuesto más alto plantea la duda: ¿estamos ante una genuina política pública para atender las carencias en pueblos indígenas, o frente a un instrumento político para asegurar aliados y abrir nuevos canales de gasto?
