Presupuesto General de la Nación: más gasto, menos resultados
El Estado gasta más que nunca, pero los indicadores sociales siguen sin avanzar. La inversión pública cae, la pobreza y la desnutrición se mantienen sin metas claras, y el funcionamiento del aparato estatal se lleva el grueso de los recursos.
Redacción
Un Estado con un alto costo de funcionamiento y sin espacio para priorizar políticas sociales pierde su capacidad de transformación. Según el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), si no se redefine el modelo presupuestario y se vincula el gasto con resultados concretos, el país seguirá gastando más cada año, sin lograr avances reales en los indicadores de desarrollo.
A pesar de que el Presupuesto General de la Nación para 2025 alcanza los Q154,836 millones, el gasto público en Guatemala sigue sin traducirse en mejoras tangibles para la población.
Uno de los principales motores de este crecimiento del gasto de funcionamiento es el aumento significativo en las remuneraciones del sector público. Para 2025, el presupuesto incluye un incremento en los salarios y prestaciones de miles de empleados estatales, reflejando una presión creciente sobre las finanzas públicas.
El análisis del CIEN revela que el 70 % de lo ejecutado hasta el primer semestre corresponde a gasto de funcionamiento, es decir, pagos de salarios, transferencias y otros costos operativos del Estado. La inversión, por el contrario, se estanca.
“Estamos ante un presupuesto que ejecuta mucho, pero transforma poco. El Estado tiene cada vez menos margen de acción porque casi todo el dinero se va en operar, no en resolver” explicó Jorge Lavarreda, del CIEN, en una entrevista reciente.
En los primeros seis meses de 2025 se ejecutó un 40.39 % del presupuesto vigente, cifra que representa un aumento en términos absolutos respecto al mismo periodo de 2024. Sin embargo, ese crecimiento no ha generado mejores condiciones de vida.
El Ministerio de Comunicaciones, por ejemplo, reportó al primer cuatrimestre más recursos usados en funcionamiento (Q699 millones) que en inversión (Q591 millones). Otros ministerios presentan patrones similares.
Mientras tanto, los resultados en indicadores sociales continúan siendo alarmantes. Solo en el primer trimestre de 2025, se reportaron decenas de muertes por desnutrición aguda infantil en departamentos como Alta Verapaz, Escuintla y Suchitepéquez. A nivel nacional, no se ha presentado una sola meta de reducción de pobreza ni se han divulgado avances en el aprendizaje estudiantil.
Funcionamiento: un Estado sin maniobra
Del total ejecutado, solo el 30 % corresponde a inversión pública. Los sectores claves como infraestructura, desarrollo rural o combate a la desnutrición siguen recibiendo montos bajos y con ejecución lenta. Mientras tanto, el gasto operativo es financiado, en parte, con deuda pública.
Una disposición del Decreto 1-2025, que repara parcialmente el presupuesto luego de que la Corte de Constitucionalidad suspendiera el Decreto 36-2024, permite que más del 13 % del gasto de funcionamiento sea cubierto con bonos del Tesoro, algo que expertos califican como una violación al principio de sostenibilidad fiscal.
Sin metas, sin rumbo
La Política General de Gobierno 2024-2028 no establece metas claras para combatir la pobreza, mejorar el aprendizaje escolar o reducir la desnutrición crónica. Estos tres problemas, considerados estructurales y urgentes, no aparecen como prioridades presupuestarias ni estratégicas.
“No basta con ejecutar dinero si no hay objetivos. El presupuesto tiene que responder a resultados, no solo a cheques firmados”, advirtió Lavarreda.
Lo preocupante no es solo el ritmo del gasto, sino la ausencia de resultados concretos, especialmente en áreas críticas como la pobreza, la educación y la desnutrición infantil. Temas que, según el análisis del CIEN, fueron eliminados como metas prioritarias de la Política General de Gobierno 2024–2028.
¿Dónde están los resultados?
Las preguntas se acumulan: ¿Qué productos genera el gasto público? ¿Qué avances se pueden mostrar? ¿Por qué, con más dinero, no se logran cambios visibles?
El informe del CIEN indica que, pese a la magnitud del presupuesto, los resultados sociales son prácticamente nulos: los niveles de pobreza no se han reducido, la desnutrición aguda sigue provocando muertes infantiles en departamentos como Alta Verapaz y Suchitepéquez, y el sistema educativo no muestra mejoras medibles en aprendizaje.
Vacíos legales y fallas estructurales
Además de la falta de metas, el diseño institucional del presupuesto presenta “bolsones legales” que permiten utilizar recursos sin rendición de cuentas efectiva. El presupuesto aprobado por el Congreso incluyó artículos que amplían el uso discrecional de préstamos y transferencias, sin controles visibles.
La falta de planificación orientada a resultados, sumada a una administración pública lenta y burocrática, impide que el gasto llegue donde más se necesita. Así lo concluye también el análisis del primer informe cuatrimestral de 2025, elaborado por Segeplan.
