Municipalidad ordena cierre de obra del OJ en zona 9: edificio no tenía permisos
Este jueves por la tarde, el Juzgado de Asuntos Municipales de la Municipalidad de Guatemala paralizó los trabajos en el edificio de la 4ª avenida 13-16, tras constatar que las remodelaciones se realizaban sin permisos municipales. El inmueble había sido preparado como nueva sede de juzgados penales, pero operaba al margen de la normativa urbana.
Redacción
Vecinos y comerciantes de zona 9 lograron evidenciar que el traslado de juzgados de extorsión, promovido por el Organismo Judicial (OJ), se trataba de una decisión arbitraria y sin respaldo legal.
El miércoles 23 de julio, vecinos interpusieron una denuncia ante el Juzgado de Asuntos Municipales, que dio lugar a la paralización de los trabajos en el edificio. Paralelamente, se impulsa una recolección de firmas entre empresarios, residentes y gremios para exigir la suspensión del traslado de juzgados y tribunales especializados en delitos de extorsión al área.
Tras estas acciones, el jueves por la tarde, inspectores municipales verificaron que las obras se realizaban sin contar con los permisos correspondientes, por lo que se ordenó el cierre inmediato del proyecto.
OJ ya desembolsó más de Q50 mil
Pese a estas irregularidades, el OJ firmó el Contrato No. 134-2025 por Q2,096,119.97 y, según el portal Guatecompras, entregó un primer pago de Q59,399 realizado el 01 de julio. Lo preocupante es que, según los vecinos, el OJ también está asumiendo los gastos de remodelación del inmueble, incluyendo la construcción de carceletas y otras adecuaciones internas para convertir el edificio en sede judicial, sin los permisos necesarios.
Estas inversiones, realizadas en una propiedad arrendada y sin permisos legales, representan un uso cuestionable de fondos públicos, sin transparencia ni evidencia de estudios técnicos que justifiquen el destino de los recursos.
Vecinos alertaron sobre riesgos
Desde junio, vecinos y comerciantes han advertido sobre los impactos negativos del traslado: aumento de inseguridad, caos vehicular y devaluación de propiedades. Confirmaron además que se construyen carceletas en el inmueble, lo cual contradice al OJ, que sostiene que no habrá traslado de sindicados y que las audiencias serán virtuales.
A la fecha, no se conocen dictámenes de CONRED ni del Ministerio de Salud, ni estudios de impacto vial, cambio de uso de suelo o análisis estructurales. El contrato fue adjudicado apenas cuatro días después de su publicación el 11 de junio, en medio de peticiones de información nunca atendidas por parte del OJ.
Comunidad organizada exige transparencia
El cierre del proyecto representa una victoria parcial para la comunidad organizada, que exige legalidad, planificación y transparencia. La presión ciudadana ha puesto en evidencia las deficiencias del proceso y el uso discrecional del presupuesto público.
Vecinos, empresarios y gremios continúan en resistencia y exigen que el OJ suspenda definitivamente el traslado y revise a fondo los criterios con los que se toman decisiones que afectan la calidad de vida urbana y la confianza en las instituciones.
