La incoherencia del TSE abona al clima de ingobernabilidad alimentado mediáticamente

Que el Tribunal Supremo Electoral (TSE), es la institución más veleidosa y carente de solidez en la historia de Guatemala, lo prueban sus acciones. En abril recién pasado, Acción Ciudadana (AC, que hoy reivindica la validez de las elecciones), cuestionó fuertemente al TSE, especialmente en cuanto a la opacidad en las compras.

A esa opacidad se sumó una cadena de críticas y dudas sobre múltiples aristas del ente electoral, que a juzgar por sus veleidades, no toma decisiones colegiadas e independientes.

Las contradicciones en acciones y declaraciones de los magistrados son tantas que enumerarlas llenaría varios volúmenes. La última fue retractarse de la suspensión del Movimiento Semilla, que el Registrador de Ciudadanos finalmente anotó, cumpliendo una orden judicial, y que la Junta Directiva del Congreso había reconocido, si bien parece que el Congreso podría revertir su decisión.

La llamada “comunidad internacional”, encabezada por la OEA, la embajada estadounidense y donantes de las ONG´s locales, además de dictadores implacables como Daniel Ortega y su esposa, así como incondicionales del Foro de Sao Paulo, sintetizados en la hondureña Xiomara Castro, se apresuraron a “apretar las tuercas” al sistema.

Entretanto, organizaciones indígenas (que son financiadas por la comunidad internacional), iniciaron este lunes varias manifestaciones pidiendo la renuncia de la Fiscal General, Consuelo Porras, cuyo “delito” es investigar la existencia de por lo menos cinco mil firmas presuntamente falsas y la afiliación de 18 muertos a Semilla, que se habría constituido como partido de forma abiertamente ilegal.

La respuesta de Bernardo Arévalo, adalid de la lucha contra la corrupción, lejos de colaborar con la ley y esclarecer el señalamiento, es victimizarse. Inicialmente, se habló de un descabellado plan para asesinar al diputado y ganador de la presidencia en la segunda vuelta.

Ahora, Arévalo asegura que existe un intento de “golpe de Estado” en su contra, aun cuando actualmente es diputado, no mandatario ya electo. En cualquier caso, el golpe sería contra Alejandro Giammattei. La estrategia de Arévalo: llegar al poder con la simpatía y la “ilusión” de la mayoría, pasa por diversas tácticas que de muchas formas ensombrecen la institucionalidad y afectan la unidad del país.

Los bulos y las falsas narrativas proliferan en redes sociales y se replican en medios de comunicación, mientras el meollo del asunto: las firmas falsas, se diluye entre señalamientos imprecisos contra la fiscalía que investiga el crimen de las actas de afiliación falsificadas en 2019.

Lejos de pedir la renuncia de quien lo investiga, a semejanza de magistrados de la CC que en el pasado se autoampararon para no ser investigados, Arévalo debe dar una explicación a sus votantes y a todos los guatemaltecos. Idealmente, debiera colaborar con la investigación y aportar pruebas de descargo, antes de asumir la presidencia el 14 de enero, como seguramente sucederá.

Entretanto, el panorama reflejado por los medios muestra una realidad alterna, donde miles de ciudadanos indignados claman contra Porras y a favor de Semilla (cuando las manifestaciones han sido raquíticas, si no integradas con “acarreados” del interior)

Esto, apoyado con fotos que magnifican la cantidad real de manifestantes, evitando tomas aéreas o panorámicas que mostrarían la realidad de las convocatorias, además de titulares que omiten aspectos fundamentales de la realidad, que permitirían a los ciudadanos ávidos de información, tener una perspectiva más completa:

1. La Fiscal solo puede ser removida por sentencia luego de comprobársele delito doloso, no renunciará por presión y el presidente no puede pedirle el puesto;

2. Las órdenes de jueces no están sujetas a discusión e incumplirlas, es delito;

3. Semilla está en un proceso penal por inscribirse con firmas supuestamente falsas en 2019, debería aclarar esta acusación;

4. El delito que se atribuye a Semilla no es administrativo, sino penal. Esto porque la primera denuncia fue presentada hace dos años y ni el TSE ni la Fiscalía de Delitos Electorales actuaron, lo que implicó impunidad además del delito administrativo. Por eso pasó a la FECI.

Mientras el TSE siga actuando con movimientos pendulares que cada día desgastan y desprestigian más su imagen tan deteriorada, los medios hacen coro a un consenso dictado por grupos de interés, externos e internos, que no tienen límites para imponer su voluntad a cualquier precio.

Creer que las elecciones fueron un proceso legítimo es un derecho, pero informarse sobre todos los factores y variables que rodean esta coyuntura surrealista en Guatemala, es una obligación. Y actualmente, todo aquel que tenga un teléfono, también tiene acceso a los datos. No nos dejemos engañar.