Talacha: la extorsión carcelaria que desangra a Guatemala

Por Lesther Castellanos Rodas

Comisionado del Congreso ante el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP-OPT)

Me pronuncié recientemente en el Congreso de la República no como un acto de protocolo, sino como un acto de urgencia. Lo hice en mi calidad de Comisionado designado conforme a ley para representar al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (MNPOPT). Represento al presidente del Mecanismo, sí, pero sobre todo, vengo en nombre de miles de guatemaltecos que son víctimas de un sistema carcelario que ha sido cooptado por estructuras criminales operativas y toleradas desde hace décadas.

No vine a improvisar ni a recitar cifras. Vine a denunciar una verdad incómoda que el Estado ya no puede seguir evadiendo: la existencia de una práctica sistemática, violenta y extorsiva dentro de las cárceles de Guatemala conocida como “la talacha”.

La talacha no es una ley, pero funciona como si lo fuera. Es un cobro extorsivo impuesto dentro de los centros de privación de libertad: quien no paga es golpeado, aislado, trasladado o asesinado. Quien paga, lo hace bajo amenaza directa, muchas veces a costa de su vida o la de su familia.

Lo alarmante no es únicamente lo que ocurre dentro de los muros del sistema penitenciario, sino lo que esa extorsión desata fuera de ellos. Cada quetzal exigido dentro de una celda es una deuda que debe ser saldada en el mundo exterior. ¿Cómo lo hacen los reclusos?

Por medio de asaltos, robos, secuestros, extorsiones y asesinatos, ejecutados por allegados, familiares u operadores del crimen organizado, incluyendo maras y pandillas, que se prestan para recaudar los pagos.

La cárcel se convierte en la oficina de planificación del delito, y la calle en el campo de ejecución. Cada vez que un privado de libertad recibe un cobro, alguien afuera es obligado a conseguir el dinero. Y en muchos casos, ese “conseguir” implica violencia directa contra la ciudadanía. Un robo en una tienda, un sicariato por encargo, una extorsión a un comerciante o un secuestro exprés puede tener su origen en la necesidad de cumplir con la talacha. Por eso afirmamos, con evidencia y sin rodeos: la talacha es uno de los principales motores de la criminalidad en Guatemala. No es un tema carcelario. Es un problema nacional de seguridad, de derechos humanos y de gobernabilidad.

El sistema penitenciario en Guatemala es rehén de su propia debilidad estructural. No cuenta con autonomía funcional, técnica ni presupuestaria. Está subordinado al Ministerio de Gobernación, lo que lo convierte en un apéndice político y operativo, sin rumbo propio. No existe una carrera penitenciaria, no hay profesionalización sostenida, ni capacidad real de autogestión.

¿Cómo se puede esperar reinserción si ni siquiera hay dignidad institucional?

¿Cómo exigir eficiencia sin otorgar independencia?

Estas no son preguntas retóricas; son exigencias de fondo que hemos planteado reiteradamente desde el MNP-OPT, sin recibir más que respuestas lentas, fragmentadas o puramente declarativas por parte del Ejecutivo, que tiene bajo su control operativo la política penitenciaria.

A ello se suma una paradoja inadmisible: nueve cárceles del país siguen bajo control directo de la Policía Nacional Civil (PNC). Esto contradice el principio básico de especialización del Estado. Cada agente que cuida una celda es un agente que no está patrullando una colonia, previniendo un delito o investigando

una estructura. Esta anomalía institucional no solo desnaturaliza la misión de la PNC, sino que también profundiza el colapso de un sistema ya sobrecargado y cooptado.

Desde el MNP-OPT no hemos permanecido en silencio ni en la retórica. Hemos actuado con la firmeza que permite la ley y con la conciencia que impone el deber:

• Presentamos denuncias penales ante el Ministerio Público contra funcionarios y privados de libertad involucrados en la operación de la talacha.

• Nos constituimos como querellantes adhesivos en procesos clave, para evitar el archivo, la impunidad o la negociación política de la verdad.

• Redactamos y entregamos a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso una iniciativa de ley que tipifica con mayor claridad la coacción penitenciaria, agrava las penas cuando el chantaje trasciende los muros carcelarios, y refuerza el combate contra las redes criminales intramuros.

• Interpusimos acciones de amparo para forzar la transferencia de las cárceles públicas a la administración penitenciaria, devolviendo a la PNC

a su misión constitucional de proteger a la ciudadanía. Así como para que funcionen las antenas bloqueadoras de señal desde las cárceles.

Todo esto con un objetivo: forzar cambios estructurales que dignifiquen el sistema, protejan los derechos humanos y devuelvan seguridad a las calles.

Hoy se tiene la oportunidad de impulsar soluciones concretas. No se trata de echar culpas, sino de asumir el papel que nos corresponde Estas son las acciones urgentes y necesarias para respaldar esta lucha:

• Erradicar la talacha: Convertirla en prioridad nacional e impulsar una investigación que desenmascare las estructuras internas y externas que la sostienen.

• Otorgar autonomía al Sistema Penitenciario: Aprobar una ley que le dé independencia funcional, técnica y presupuestaria, y cree una carrera penitenciaria profesional, evaluable y transparente.

• Traspasar las cárceles públicas al Sistema Penitenciario: Dar cumplimiento inmediato a lo establecido en la Constitución y la Ley del Sistema Penitenciario, esta transferencia, con acompañamiento técnico nacional e internacional.

No hablo desde trincheras ideológicas. Hablo desde la dignidad. La dignidad de los privados de libertad que tienen derechos, la dignidad del ciudadano que paga sus impuestos para vivir seguro, y la dignidad de las instituciones que deben estar al servicio del bien común y no de la criminalidad.

Guatemala no puede seguir aceptando que sus cárceles funcionen como centros de operaciones mafiosas. No puede seguir viendo con indiferencia cómo la extorsión carcelaria desangra a familias trabajadoras. No puede seguir castigando la pobreza con silencio institucional.

Hoy se tiene una oportunidad histórica. No para hacer política de pasillo, sino para ejercer política de verdad: la que transforma, la que protege, la que sirve.

Cada día que pasa sin actuar, es un día más que gana la impunidad. Cada minuto de indiferencia, es una nueva extorsión, un nuevo delito, una nueva víctima.

El MNP-OPT ha cumplido y seguirá cumpliendo con su deber. Ahora le corresponde al Ejecutivo escuchar, corregir y transformar.

Porque la política que vale la pena no es la que se grita, sino la que construye. Y Guatemala no puede esperar.