Traslado de juzgados de extorsión a zona 9 genera alerta entre vecinos y comerciantes

Una zona que durante más de 20 años ha trabajado para consolidarse como un polo comercial, residencial y de inversión enfrenta ahora un reto inesperado. La decisión de trasladar los juzgados y tribunales especializados en delitos de extorsión a un edificio de la zona 9 ha generado inquietud y alerta entre vecinos y comerciantes, quienes temen que esta medida afecte el tránsito y el desarrollo del área.

Redacción

La zona 9 se ha posicionado como un eje clave en la transformación urbana de la capital. La inversión privada ha permitido el desarrollo de proyectos habitacionales, oficinas, restaurantes y centros de servicios.

Sin embargo, con la llegada de un juzgado especializado en delitos de alto impacto —como la extorsión, frecuentemente vinculada a estructuras criminales—, los vecinos temen que el entorno se deteriore y que su perfil cambie de manera drástica.

“La zona 9 es un eje estratégico para la modernización urbana. Aquí se han desarrollado proyectos habitacionales, restaurantes, oficinas y centros de servicios que apuntan a consolidar un entorno seguro, dinámico y atractivo para vivir, trabajar e invertir. La llegada de juzgados vinculados con estructuras criminales supone un retroceso en estos avances”, indica el pronunciamiento oficial de la gremial.

Según el Organismo Judicial (OJ), el cambio obedece a razones de espacio y operatividad. Sin embargo, la falta de estudios técnicos, ausencia de diálogo con la comunidad y las dudas sobre la legalidad y viabilidad del inmueble han hecho que asociaciones de vecinos, empresarios, gremios y ciudadanos exijan una revisión inmediata.

El traslado, previsto para el lunes 21, sigue sin concretarse; aún se observan trabajos de acondicionamiento y llegada de mobiliario en el edificio destinado a los juzgados.

Riesgos e impactos

Organizaciones vecinales y empresariales han identificado una serie de riesgos que podrían derivarse del traslado:

• Aumento en la percepción de inseguridad, debido a la constante afluencia de sindicados por delitos de alto impacto, víctimas y agentes del sistema de justicia penal.
• Estigmatización del área, que podría dañar su imagen como un entorno atractivo para vivir e invertir.
• Devaluación de inmuebles residenciales y comerciales por el cambio de perfil urbano.
• Caos vehicular en la ya congestionada 13 calle, ante el ingreso constante de patrullas, vehículos oficiales y particulares.
• Migración de trabajadores y pérdida de clientela, en negocios que temen una baja en la actividad comercial.
• Deficiencia en infraestructura, especialmente por la ausencia de estacionamientos suficientes.

Uno de los puntos que más ha causado alarma es que en la planta baja del edificio ya se están construyendo carceletas, según confirmaron vecinos y comerciantes. Este hecho contradice lo dicho por el Organismo Judicial, que asegura que las audiencias serán virtuales. La falta de claridad sobre este tema ha incrementado el malestar entre quienes viven y trabajan en el sector.

A estos señalamientos se suma la falta de información oficial sobre los requisitos mínimos que debe cumplir un edificio para albergar juzgados penales, como seguridad estructural, rutas de evacuación, accesibilidad, tecnología y conectividad, entre otros.

Costos y permisos

El arrendamiento del edificio ubicado en la 4ª avenida 13-16 de zona 9, fue formalizado mediante el Contrato No. 134-2025, por un monto de Q2,096,119.97 para un período de 18 meses. Cabe resaltar que el concurso fue publicado el 11 de junio y adjudicado apenas cuatro días después, justo cuando vecinos y la Cámara de Comercio de Guatemala solicitaban información, sin obtener respuesta hasta la fecha.

El contrato contempla los espacios donde operarán el Juzgado Primero y Segundo de Delitos de Extorsión y el Tribunal de Sentencia, sin que hasta ahora se hayan hecho públicos los estudios de viabilidad técnica, urbanística ni los permisos municipales correspondientes.

Tanto vecinos como representantes de la Cámara de Comercio de Guatemala han planteado una serie de interrogantes a la Municipalidad capitalina, al Organismo Judicial y a otras autoridades involucradas, sin que hasta la fecha se haya recibido respuesta oficial.

Entre las preguntas más urgentes está si el inmueble cuenta con autorización formal para operar como sede judicial, dado que este tipo de usos institucionales requiere una evaluación específica en cuanto a condiciones de seguridad, accesibilidad y funcionamiento.

También se ha solicitado confirmar si la propiedad ha sido sometida al proceso de cambio de uso de suelo, trámite indispensable cuando un edificio pasa de ser residencial, comercial u otro uso, a uno institucional como un juzgado penal.

Otra preocupación central es la carga vial. Vecinos preguntan si se ha realizado un estudio técnico de impacto en el tránsito, especialmente porque la 13 calle es una de las arterias más transitadas de la zona y ya presenta colapsos frecuentes. La llegada de vehículos oficiales, usuarios, abogados, agentes de seguridad y sindicados podría agravar considerablemente esta situación.

Asimismo, exigen saber si el edificio cuenta con dictámenes de la CONRED y del Ministerio de Salud, en cuanto a su capacidad estructural, condiciones sanitarias y seguridad para albergar más de cien trabajadores, así como posibles sindicados en tránsito o custodia.

Ante la falta de respuestas, este miércoles 23 de julio, vecinos presentaron una denuncia ante el Juzgado de Asuntos Municipales para solicitar la suspensión o revisión del traslado, hasta que se aclaren los aspectos legales y técnicos del proyecto.

Al mismo tiempo, se ha iniciado una recolección de firmas entre residentes, empresarios y organizaciones como la comunidad judía guatemalteca y gremios empresariales para entregar a las autoridades.