De “legítimos” a “ilegales”: El doble discurso del gobierno frente a los bloqueos del STEG
En Guatemala no existen bloqueos “legítimos”, como intentaron justificar en su momento varios funcionarios del extinto partido Semilla. La ley es clara: impedir la libre locomoción constituye una acción ilegal, sin importar la causa que se invoque. Sin embargo, en 2023, cuando las protestas eran políticamente convenientes, el discurso del oficialismo fue ambiguo y tolerante ante los cierres de carreteras y suspensión de servicios esenciales.
Redacción
Hoy, la ministra de Educación, Anabella Giracca, se suma a quienes condenan públicamente los bloqueos liderados por Joviel Acevedo y el STEG, y respalda abiertamente los operativos policiales dirigidos a despejar carreteras. En redes sociales, incluso agradeció al ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, por “defender el derecho a la educación”, el mismo que hace apenas un año se vulneraba sin reproches desde el Ejecutivo.
La reacción de la ministra contrasta con su postura de 2023, cuando, junto al presidente Bernardo Arévalo y otros funcionarios del actual gobierno, expresó simpatía hacia las manifestaciones lideradas por el mismo sindicato. Aunque entonces no se avalaron abiertamente los bloqueos, tampoco se condenaron las interrupciones al tránsito ni las suspensiones de clases como ahora.
“¡Gracias @FJimenezmingob por defender el derecho a la educación! ¡Excelente trabajo!”, publicó Giracca en su cuenta de X, acompañando un mensaje del ministro de Gobernación donde se señala que los bloqueos violan los derechos fundamentales de los guatemaltecos.
Francisco Jiménez afirmó que las protestas del STEG atentan contra el derecho a la educación y el derecho a la locomoción. La Policía Nacional Civil, bajo su dirección, ha realizado operativos en varios puntos para liberar carreteras estratégicas como el puente Belice y tramos en Escuintla, Baja Verapaz y Chiquimula.
Cambio de discurso
La ministra Giracca fue más allá y pidió al Ministerio Público actuar con firmeza ante lo que calificó como acciones ilegales. “El derecho a la educación no se negocia”, enfatizó en otro mensaje, donde denunció el cierre de escuelas como una medida injustificable, aunque dejó claro que más del 85 % de los establecimientos educativos ha mantenido clases con normalidad.
Esta posición marca un giro claro respecto a la narrativa oficial de 2023, cuando el Ejecutivo evitaba enfrentamientos con el STEG y optaba por una postura de diálogo. En ese entonces, la defensa al derecho a manifestarse prevalecía sobre los efectos colaterales de las protestas.
Hoy, Giracca no solo avala el uso de la fuerza pública para restablecer el orden, sino que también se alinea con las exigencias del ministro Jiménez para que las instituciones judiciales actúen contra quienes persistan en bloquear el país.
El contexto actual
El STEG mantiene bloqueos intermitentes desde hace más de una semana, exigiendo el cumplimiento de pactos colectivos y el aumento salarial a maestros. Pese a que la Corte de Constitucionalidad ha ordenado liberar las vías, los bloqueos continúan, afectando tanto el tránsito como el acceso de miles de estudiantes a sus centros educativos.
Con el apoyo público de la ministra de Educación a las acciones del Ministerio de Gobernación, el gobierno parece cerrar filas en una estrategia más firme para contener al sindicato, marcando una nueva etapa en su relación con Joviel Acevedo.
