Etanol obligatorio, una mirada desde el derecho, la técnica y la economía
Aunque la mezcla de etanol con gasolina no será obligatoria sino hasta 2026, la medida ya genera una ola de críticas que trasciende el debate ambiental.
Redacción
La frase “el problema no es el etanol, es que sea obligatorio” resume el eje de las objeciones. Diversos sectores, incluyendo asociaciones de importadores de vehículos, expendedores de combustible y distribuidores de motocicletas, coinciden en que imponer una única opción de combustible vulnera la libertad de elección de los ciudadanos y genera incertidumbre tanto para consumidores como para el mercado.
Desde el ámbito legal, especialistas en derecho constitucional e internacional han advertido que la obligatoriedad del uso de etanol, tal como está planteada, podría ser incompatible con principios fundamentales.
Un punto crítico es la exigencia, contemplada en la Ley de Alcohol Carburante, de que el etanol se produzca con materia prima nacional. Esta condición ha sido señalada como posiblemente inconstitucional, al favorecer a ciertos sectores en detrimento de otros, violando el principio de igualdad y comprometiendo obligaciones de comercio internacional asumidas por Guatemala.
Impacto económico y riesgos para los motores
El debate técnico no es menos relevante. Especialistas han resaltado que gran parte del parque vehicular del país no está adaptado para el uso de E10, es decir, gasolina con un 10% de etanol. Muchas motocicletas y vehículos aún operan con motores carburados anteriores a 1995, que no fueron diseñados para resistir mezclas con alcohol.
Estudios internacionales también han documentado que el etanol puede ser corrosivo, afectando gomas, plásticos, metales y componentes internos, además de contaminar el aceite lubricante. En el caso de motocicletas, reparar daños provocados por el nuevo combustible podría representar un gasto significativo para los usuarios, especialmente para quienes dependen de estos vehículos como único medio de transporte.
Sin infraestructura ni hoja de ruta clara
A los riesgos mecánicos y legales se suma la falta de preparación técnica. Adaptar la red de gasolineras al E10 requerirá modificar tanques, sistemas de bombeo y mecanismos de mezcla. Referencias al caso de Panamá, donde un proyecto similar fracasó por no contar con una transición planificada, han servido de advertencia. Empresarios que invirtieron en infraestructura en ese país enfrentaron pérdidas tras el colapso del programa.
En Guatemala, el Gobierno ya ha postergado en dos ocasiones la entrada en vigor de la ley, por falta de presupuesto y condiciones operativas. Sin embargo, la administración de Bernardo Arévalo mantiene la meta de implementar la medida en enero de 2026.
La experiencia internacional: una comparación desigual
Aunque defensores del etanol citan ejemplos como Brasil y Colombia, donde este biocombustible se utiliza ampliamente, también reconocen que el éxito de esas políticas fue resultado de décadas de inversión, desarrollo tecnológico y adecuación progresiva. En Guatemala, ese entorno aún no existe. Ni la industria automotriz ni el sistema de distribución están preparados para una transición acelerada.
¿Quién pagará los costos?
Más que una decisión ambiental, la obligatoriedad del E10 plantea una transformación profunda en el sistema de consumo energético, cuyas consecuencias recaerán sobre una ciudadanía que no fue consultada, no está debidamente informada y, en muchos casos, no cuenta con los recursos para adaptarse.
La pregunta central sigue sin respuesta: ¿quién asumirá el costo de una medida que, sin planificación técnica ni respaldo legal sólido, amenaza con convertirse en un experimento social, económico y jurídico a gran escala?
