Las maras florecen en la Guatemala de la Nueva Primavera

Julio Valdez

Una requisa más en la cárcel preventiva de la zona 18 mostró lo que todo mundo sabía: pandilleros con lujos, producto de extorsiones y corrupción de autoridades del sistema penitenciario. Las imágenes evocan a aquellas que surgieron luego de la toma de la granja Penal de rehabilitación Pavón en septiembre del 2006, donde murieron varios reos que resistieron a los policías con armas de fuego, y aún hoy en día hay procesos penales en contra de autoridades de aquel entonces. Sobre eso no hablaremos ahora.

El punto es que 20 años después los centros carcelarios siguen siendo lo mismo. Gobiernos pasan y aquello se mantiene. La respuesta del por qué persisten dichas condiciones es mucho más sencilla de lo que pensamos, las autoridades lo permiten. En todo caso la pregunta es ¿por qué lo permiten o mejor dicho cuánto cobran para que esto persista?

Del 2006 al 2025, nos da una perspectiva temporal, que en realidad es mayor, y es que cuando se produjo la toma de aquel centro penitenciario la descomposición llevaba años.  Lo mismo sucede hoy en día. Para poner aún más en perspectiva este fenómeno, veamos a nuestros vecinos salvadoreños, que sufrían el mismo flagelo, y ojo, no me refiero al tema de los lujos sino al de impunidad y continuidad del crimen, y es que los penales se han convertido en centros de extorsión, mando, formación y hasta de violaciones, todo bajo el amparo del Estado.

El actual gobierno de El Salvador demostró, primero que existía la voluntad de acabar con las maras, segundo de recuperar el sistema penitenciario y convertirlo en lo que debería ser, en castigo y rehabilitación, dependiendo del tipo de crimen cometido.

Ahora nos damos cuenta del impacto de la persecución contra las maras en El Salvador, entre que migraron algunos y, otros que desarrollaron su propia versión de estas bandas a nivel local, nos damos cuenta que en forma casi silenciosa este cáncer se había extendido hasta llegar a hacer metástasis en nuestra sociedad.

Es obvio que no ha existido, ni existe la voluntad política de hacer algo distinto en Guatemala, y parte de la explicación de esto reside en el hecho de que tanto los gobiernos como los mismos funcionarios están más preocupados por quedar bien con países europeos o bien con la administración norteamericana de turno.

Claro, ¿cómo podrían arriesgarse a ser señalados de violar los derechos humanos de criminales? Esto les podría cerrar las puertas a posibles trabajos en organismos internacionales una vez terminan su gestión. Claro, como ellos no sufren de las extorsiones y sus ingresos en el Estado en vez de disminuir aumentan, la empatía desaparece.

Las actuales autoridades del ministerio de Gobernación navegan entre la complicidad y la incapacidad, cual más grave una de la otra, y aun cuando me encantaría endilgarle toda la culpa a este gobierno. Obviamente eso no es cierto, sin embargo, lo que sí es un hecho es que se han desbordado las violencias y no puede haber respuesta que impacte en la actual administración.

O se resuelve esta situación o terminara de minar la institucionalidad misma del Estado, los liderazgos fuertes son los que terminan imponiéndose frente a la mediocridad.