COPRECON: lo que implica la nueva comisión presidencial de Arévalo
La creación de la Comisión Presidencial de Atención a la Conflictividad (COPRECON) implica, en la práctica, la apertura de un nuevo espacio institucional bajo la órbita directa de la Presidencia de la República. Este tipo de estructuras, lejos de ser inocuas, tienden a abrir la puerta al gasto público discrecional, especialmente en rubros como contratación de personal, viáticos, asesorías y funcionamiento administrativo.
Redacción
COPRECON nace con un mandato amplio: asesorar, coordinar e intervenir en conflictos que “por su nivel de impacto afecten la vida democrática y la convivencia pacífica”. Bajo esta justificación general, el Gobierno de Bernardo Arévalo ha conformado una comisión que incluye al propio presidente, a ministros clave del gabinete y a un director ejecutivo designado directamente por el mandatario, quien manejará el presupuesto y coordinará las acciones del nuevo órgano.
¿Otra estructura paralela?
Desde el inicio, las comparaciones con el “Centro de Gobierno” del expresidente Alejandro Giammattei han sido inevitables. Pero más allá del recuerdo de esa oficina —duramente criticada por el mismo movimiento político que hoy dirige el Ejecutivo—, lo que preocupa es el patrón: la proliferación de instancias que duplican funciones ya existentes en el aparato estatal.
Los conflictos sociales en Guatemala no son un fenómeno nuevo ni ajeno a las instituciones públicas. Existen dependencias como la Secretaría de Asuntos Agrarios, la Comisión Presidencial de Diálogo, la Procuraduría de los Derechos Humanos y el propio Ministerio de Gobernación que han tenido, por mandato, participación directa en la atención de conflictividad.
El argumento oficial habla de una “estricta necesidad de Estado”, pero en la práctica, el resultado más inmediato será la habilitación de nuevos espacios burocráticos y, por tanto, de más plazas, más salarios y más gastos administrativos.
Gasto encubierto
Aunque COPRECON es presentada como una comisión “temporal” y se plantea que se reunirá trimestralmente, el acuerdo permite que esta instancia reciba fondos públicos, donaciones y que administre un presupuesto bajo la figura de un director ejecutivo.
Esta persona —sin mayor filtro institucional— será nombrada por el presidente y concentrará poder operativo y recursos. Es decir, sin controles claros ni contrapesos visibles.
Además, se habilita la contratación de personal técnico y administrativo para dar funcionamiento a la comisión, en un momento en que el mismo Gobierno ha prometido racionalizar el gasto y reducir estructuras duplicadas. Si bien no se ha detallado el monto presupuestario asignado, esta omisión deja abierta la puerta a decisiones discrecionales futuras sin mayor debate público.
Más gasto, menos transparencia
Lo que deja entrever COPRECON no es tanto un interés real por resolver conflictos —que requieren inversión social, presencia estatal territorial y voluntad política—, sino una práctica recurrente en los últimos gobiernos: la de crear oficinas ad hoc como mecanismos de control político, cuotas de poder o espacios para colocar cuadros afines.
Más que compararla con el “Centro de Gobierno”, COPRECON debe analizarse como un síntoma de un problema más profundo: el uso de la arquitectura institucional del Estado para expandir la burocracia y justificar mayor gasto bajo figuras temporales, pero funcionales al poder central.
La pregunta no es si la conflictividad merece atención —por supuesto que sí—, sino si el país necesita más comisiones para resolver lo que ya está diagnosticado y requiere acción estatal sostenida, no nuevas oficinas con más escritorios y más sueldos.
