¿Arévalo y Barnoya podrían quedar «sin visa»?

En agosto de 2024, el ministro Joaquín Barnoya y el embajador cubano Nazario Fernández, firmaron un acuerdo de cooperación que permite a la tiranía cubana mandar brigadas de médicos que realizan trabajo forzado en los países que colaboran con el régimen comunista de aquella isla. Hoy, la página del Departamento de Estado de EE.UU. anunció que varios funcionarios centroamericanos y sus familiares quedarán sin visa, por colaborar con la explotación y el trabajo forzado de trabajadores cubanos.

Roxana Orantes Córdova

A finales de abril, Marcelo Colussi publicó una columna titulada: «Estados Unidos exporta armas y guerras; Cuba: brigadas médicas». El texto defiende minuciosamente la exportación de brigadas médicas y no menciona en ningún momento las muchas quejas de los profesionales que son enviados como esclavos a diferentes países, donde los gobiernos pagan una cantidad en dólares a la dictadura cubana mientras esta remunera con sueldos miserables a los profesionales.

Que no son obligados a integrar las brigadas, es muy probable y lógico. Cualquier persona que haya vivido en Cuba, sabe que todo pretexto para alejarse es bueno, incluyendo el trabajo forzado. Las denuncias de los profesionales son abundantes y muchos han elegido quedarse fuera de aquel país.

Guatemala es uno de los países centroamericanos que tienen convenio con Cuba, para recibir a las brigadas médicas. No está de más acotar que muchos de los pertenecientes a dichas brigadas, son agentes del régimen o por lo menos, «comisarios políticos» que no solo vigilan a sus compañeros sino esparcen la ideología comunista en las aldeas más remotas.

¿Barnoya y Arévalo «sin visa»?

Parece incoherente que un gobierno no solo aliado, sino subordinado al Departamento de Estado, tenga un convenio que permite al régimen cubano mandar a Guatemala contingentes de trabajadores literalmente esclavos.

Hasta ahora, el gobierno estadounidense no había reaccionado sobre este tipo de acción que podría calificarse como trata de personas entre dos administraciones gubernamentales.

Finalmente, Marco Rubio tomó la decisión de adoptar medidas contra quienes participan en «el programa cubano de exportación de mano de obra que abusa de los participantes, enriquece al corrupto régimen cubano y priva a los cubanos ordinarios de la atención médica esencial que necesitan».

Rubio responsabilizó a funcionarios centroamericanos por la vinculación con dicho programa de trabajos forzados del régimen cubano. La declaración de prensa, en la página del Departamento de Estado, señala:

«Nuestro objetivo es apoyar al pueblo cubano en su lucha por la libertad y la dignidad, al tiempo que promovemos la rendición de cuentas de quienes contribuyen a un sistema de trabajo forzado. Con estas restricciones a la concesión de visados, Estados Unidos envía un mensaje claro sobre su compromiso con la promoción de los derechos humanos y el respeto de los derechos laborales en todo el mundo. Alentamos a otras naciones a que se sumen a nosotros en esta iniciativa».

El anuncio de Rubio, quien tiene poder suficiente para llamar al orden a Arévalo y otros gobernantes supeditados a los Estados Unidos, plantea un dilema para el guatemalteco: rescindir el contrato con el régimen comunista, lo que lo dejaría «mal parado» ante sus socios del Grupo de Puebla y el Foro de Sao Paulo, o resignarse a ser otro entre tantos sancionados por no cumplir las exigencias de los Estados Unidos.