Guatemala: ¿hacia la dictadura de la delincuencia?

Entre enero y marzo de este año, 686 personas murieron víctimas de la violencia homicida, según el Observatorio de la Violencia Diálogos. El número de homicidios se incrementó en 31% con respecto al mismo período del año anterior y en abril, se reportaron 260 homicidios.

Según diálogos, «la tasa interanual nacional para ambos sexos al mes de abril de 2025 fue de 17.1 homicidios por cada cien mil habitantes». Un cambio de 5.8% en comparación al año anterior. En el mundo, la tasa «aceptable» es de 10 homicidios por 100 mil habitantes y al parecer, Guatemala está en camino de superar por mucho el nivel «aceptable».

La misma fuente citada, con base en datos del Ministerio Público (MP), señala que entre enero y marzo, hubo 7,049 extorsiones denunciadas.

Imparable, la violencia alcanza a todos los ámbitos y el 16 de mayo, los medios de comunicación informaron sobre asaltos protagonizados por una «misteriosa camioneta», en la que se realizaron asaltos a dos tiendas ubicadas en la zona 10: la primera el 8 de mayo, en la 22 avenida y 18 calle; la segunda el 14 en la 13 calle y cuarta avenida de la misma zona.

Aunque existen intentos por censurar esta información, la misma está documentada en medios de comunicación como Soy 502, y en cualquier caso, la verdad no puede ocultarse y la libre expresión está garantizada en la Constitución Política de Guatemala.

Al respecto de la Carta Magna, si la Corte de Constitucionalidad no actúa conforme a derecho y no cumple su principal deber, que es la defensa de la Constitución, pronto Guatemala será un triste protectorado gobernado por burócratas de diferentes organismos supranacionales, quienes sin conocer un ápice sobre la realidad guatemalteca, impondrán a sangre y fuego la agenda 2030.

Y con la imposición de esta agenda foránea, no solo la Constitución pasará a ser letra muerta, sino literalmente, el país estará por completo a merced de los delincuentes, quienes serán amparados por los «derechos humanos».

Cabe recordar dos casos: Fermín Ramírez, presunto violador y asesino de Grindy Yasmín Franco (12) cuyo cadáver abandonó a la orilla del río María Linda a finales de los años 90, y el secuestro, violación y asesinato de Marisol Álvarez, de cuatro años, cometido por Roberto Girón y Pedro Castillo, fusilados en 1996.

En ambos casos, fallos de la CIDH convirtieron a estos criminales en víctimas del sistema y condenaron al Estado a pagar cuantiosas indemnizaciones. En el caso de Fermín Ramírez, se evitó la pena de muerte y fue recompensado monetariamente por «su sufrimiento».

Si la CC permite que la eliminación de la reserva al artículo 27 de la Convención de Viena adoptada por Arévalo de forma secreta, dictatorial e ilegal siga su curso, pronto Guatemala no solo estará a merced de la delincuencia, como ya lo está, sino será un país donde los criminales ejerzan una dictadura amparada por la CIDH y otros órganos de «derechos humanos».