Diplomáticos europeos visitan a Stuardo Campo
En una nueva muestra de respaldo hacia figuras procesadas judicialmente en Guatemala, los embajadores de Alemania, Hardy Boeckle, y de la Unión Europea, Thomas Peyker, visitaron al exfiscal Stuardo Campo en el centro de detención Mariscal Zavala para “escuchar su testimonio” y expresar solidaridad.
Redacción
La Delegación de la UE en Guatemala informó del encuentro a través de su cuenta oficial en X, reiterando su preocupación por lo que considera una posible instrumentalización de la justicia y manifestando su respaldo a actores “comprometidos con la transparencia”.
Un patrón que se repite
La visita a Campo no es un caso aislado. Apenas un día antes, los mismos diplomáticos se reunieron con los exdirigentes indígenas Luis Pacheco —actual viceministro de Desarrollo Sostenible— y Héctor Chaclán, ambos también recluidos en Mariscal Zavala tras ser ligados a proceso por su participación en los bloqueos ocurridos durante la crisis poselectoral de 2023.
En ambos casos, los embajadores destacaron su rol político y su supuesta defensa de la democracia y lucha contra la corrupción.
Además, la UE ha enmarcado sus acciones bajo la bandera de los derechos humanos, resaltando la necesidad de garantizar el debido proceso, la defensa legal y una justicia imparcial. No obstante, su presencia en centros de detención ha sido interpretada por distintos sectores como una forma velada de presión política sobre el sistema judicial guatemalteco.
¿Solidaridad o interferencia?
Las recientes visitas diplomáticas abren una discusión necesaria sobre la coherencia del respaldo internacional en contextos judiciales.
El acompañamiento selectivo a ciertos actores procesados plantea interrogantes sobre los límites del papel diplomático en un Estado soberano. ¿Es legítimo condicionar la actuación de jueces y fiscales mediante gestos simbólicos que privilegian a algunos acusados por encima de otros?
Mientras la UE insiste en observar el respeto a los derechos fundamentales, sus acciones podrían estar alimentando la percepción de un doble rasero: uno que promueve el respeto a la institucionalidad pero, al mismo tiempo, descalifica decisiones judiciales en curso.
