MP solicita al Congreso el acuerdo de nombramiento de Arévalo
La Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público (MP) solicitó al Congreso de la República el acuerdo de nombramiento del presidente César Bernardo Arévalo de León. El requerimiento fue dirigido al actual presidente del Legislativo, Nery Ramos, mediante un oficio fechado el 30 de abril.
Redacción
La solicitud, registrada con el número de expediente MP001-2025-21279, fue firmada por la fiscal auxiliar Claudia Catalina Mendizábal y la agente fiscal Mildred Azucena Mejía. El documento no especifica el motivo de la solicitud ni un plazo para su cumplimiento.
Toma de posesión
La toma de posesión de Bernardo Arévalo como presidente de la República no estuvo exenta de controversia. La sesión del Congreso en la que se debía juramentar al nuevo binomio presidencial enfrentó múltiples retrasos.
Finalmente, Arévalo asumió el poder ya pasada la medianoche del 14 de enero de 2024, en un acto celebrado después del límite constitucional establecido para el cambio de mando, el cual debió haberse concretado el 14 de enero.
La demora fue el resultado de una serie de maniobras en el Congreso para integrar una Junta Directiva favorable a la bancada Semilla, pese a que esta se encontraba suspendida provisionalmente por resolución del Registro de Ciudadanos.
A pesar de dicha suspensión, el diputado Samuel Pérez, del partido Semilla, fue electo como presidente del Congreso con el respaldo de una alianza política momentánea.
Días después, la Corte de Constitucionalidad resolvió que la elección de Pérez era inválida por la condición jurídica de su bancada, por lo que Nery Ramos, quien presidía la Junta Provisional, asumió la presidencia del Legislativo.
Significado de una posesión fuera del plazo
La juramentación de Arévalo pasadas las 00:00 horas del 15 de enero representa un punto legalmente delicado. El artículo 184 de la Constitución establece que el período presidencial comienza el 14 de enero y dura cuatro años.
Asumir el cargo después de esa fecha sin una transición previamente validada podría ser interpretado como una alteración del orden constitucional, aunque no ha sido impugnado formalmente hasta la fecha.
