Cierre de tiendas de barrio expone incapacidad del Estado

El cierre forzado de tiendas de barrio en el área metropolitana, ordenado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), ha generado preocupación y críticas por su impacto económico y su dudosa efectividad como estrategia de seguridad. Pese a que la venta de bebidas alcohólicas está regulada, muchos comercios han sido obligados a cerrar antes de las 21 horas, incluso sin evidencia de incumplimientos. Estas acciones, lejos de resolver los problemas de violencia, reflejan una preocupante incapacidad del Estado para abordar el crimen de forma estructural.

Redacción

Las tiendas de barrio representan aproximadamente el 85% del comercio minorista en Guatemala, según estimaciones del sector. Sin embargo, operativos policiales han limitado sus horarios de atención en nombre del “orden público”.  A pesar de que el acuerdo ministerial 24-2021, emitido por el Ministerio de Salud, eliminó restricciones horarias desde febrero de 2021, manteniendo solo las medidas de bioseguridad.

Diversos sectores del país han reportado la continuidad de estos operativos, incluso en zonas donde no se evidencia el expendio de licor. A nivel legal, no existe actualmente una disposición nacional que obligue a cerrar estos negocios a una hora fija.

Analistas del CIEN advierten que estas medidas responden más a una reacción improvisada que a una estrategia fundamentada en evidencia. Señalan que la criminalidad debe abordarse con inteligencia, focalización territorial y fortalecimiento institucional, no con restricciones que afectan a sectores que dependen del ingreso diario.

En lugar de garantizar condiciones mínimas de seguridad, la respuesta del Estado ha consistido en limitar la actividad económica de pequeños comerciantes en zonas de alta vulnerabilidad, lo que no solo profundiza la informalidad, sino que también genera un ambiente de desconfianza hacia las fuerzas de seguridad.

A marzo de este año, la tasa de homicidios alcanzó los 16.6 por cada 100 mil habitantes, un aumento del 3.1% con respecto al mismo período del año anterior. Para el CIEN, este dato contradice la narrativa oficial de que el cierre de tiendas contribuye a disminuir la violencia, y pone en evidencia que no se están utilizando indicadores de resultado para justificar dichas acciones.

Lejos de fortalecer la presencia estatal, este tipo de operativos podrían estar debilitando aún más la relación entre la ciudadanía y las autoridades, al dirigir recursos hacia medidas punitivas que no abordan las causas reales de la inseguridad.