Nuevo amparo contra resolución de la SAT que unifica NIT y DPI
Esta mañana, la abogada Amanda Santizo interpuso una acción constitucional de amparo ante el tribunal de lo Contencioso Administrativo, contra el Superintendente de la SAT, «por la resolución SAT-DSI-393-2025 emitida el siete de marzo de dos mil veinticinco». Ya existen por lo menos dos amparos ante la Corte de Constitucionalidad (CC), para frenar esta medida, que se considera inconstitucional. Además, a principios de abril, tres diputados presentaron una iniciativa para dejar sin efecto dicha propuesta.
Redacción
La argumentación del amparo explica que según el artículo 3 del Registro Tributario Unificado y Control General de Conttibuyentes, «los actos en que se utilizará el Número Identificación Tributaria (NIT) son únicamente los gravados con un
impuesto».
Esto implica que la SAT cometería un abuso de poder público si se inmiscuye en «actos no gravados con impuesto», ya que «no es ámbito de su competencia y, en segundo lugar porque, las leyes ordinarias como la mencionada y el Código de Notariado permiten no identificar a los comparecientes bajo determinados presupuestos».
«Existe amenaza hacia mis derechos individuales y como notario, porque el acto reclamado está revestido de arbitrariedad», indica la abogada. Esto, porque el jefe de la SAT se está inmiscuyendo «en instituciones jurídicas de las que no tiene competencia, ya que no le está permitido legislar ni puede modificar leyes o instituciones jurídicas como se hizo en dicha resolución».
El acto contra el que se promueve amparo amenaza las garantías constitucionales 5, 24 y 154, 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 43 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.
El recurso de amparo interpuesto por Amanda Santizo ya está en la sala pertinente, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Otros dos recursos esperan resolución de la Corte de Constitucionalidad. Y finalmente, el 2 de abril, tres diputados del Congreso presentaron una propuesta de ley para derogar lo que para muchos, es un abuso y despropósito de la SAT, cuyo Superintendente habría violado más de una ley, según varios abogados.
