Descontento ciudadano
El sábado recién pasado, un grupo de ciudadanos acudió por quinta vez frente al Palacio Nacional de la Cultura, para exigir la renucia de Bernardo Arévalo. La continunidad de las manifestaciones evidencia que el descontento ciudadano crece y no es para menos.
Luego de una semana que comenzó tempranamente, con el choque de Samuel Pérez en carretera, y siguió con el anuncio del seguro obligatorio, los bloqueos y finalmente el retroceso del gobierno, el guatemalteco se entera sorprendido de que el gobierno planea nuevos golpes contra su estabilidad, economía y libertad individual.
La ciudadanía no se repone de una sorpresa y llega otra. Mientras los motoristas y grupos de choque que en otro momento sirvieron a Semilla, mantenían la atención en los bloqueos, Arévalo oficializó la ampliación presupuestaria, que implica una erogación nunca vista para los CODEDES y había sido aprobada por el Congreso en 2024.
Al mismo tiempo, se conoció que el número de DPI será también el número de identificación tributaria, aunque las autoridades no han aclarado cómo implementarán el cambio. El Decreto 31-2024 entraría en vigencia en abril, pese a que aparentemente está plagado de inconstitucionalidades y claramente, atropella a los ciudadanos con cambios que parecen hechos a propósito para terminar con los más desfavorecidos.
Para colmo, los diputados siguen disfrutando sus obscenos salarios, en un país muy castigado y donde la crisis en todos los ámbitos es cada vez más generalizada.
La molestia ante el sueldo de los legisladores se manifiesta en una petición para que el Congreso derogue la medida. Entre el 27 de febrero y la fecha, recolectaron más de 63 mil firmas en Change.org.
Entretanto, la vicepresidente viajó a un evento globalista de la UNESCO y Arévalo, luego de permanecer prudentemente encerrado durante los disturbios y aparecer brevemente para anunciar que revertiría la medida, volvió a la aparente inactividad que caracteriza a esta administración.
Aunque las protestas son incipientes y aisladas, el gobernante debería poner sus barbas en remojo, ya que la serie de acciones contra la población, sumadas a la evidente carencia de politicas públicas podrían debilitar aún más al ya mermado poder del Estado y la casi nula credibilidad de las instituciones.
