El giro del oficialismo frente a las manifestaciones
Figuras como «Alex en la lucha», Sergio Morataya y el exgobernador de Guatemala, Diego de León, quienes participaron activamente en los bloqueos de 2023, ahora se revelan como agentes estatales en contra de las nuevas manifestaciones. En sus recientes publicaciones en X, han estigmatizado a los manifestantes asegurando despectivamente que son «motoristas» y «taxistas piratas», olvidando que los motoristas fueron fundamentales en las protestas del año pasado.
Redacción
En octubre de 2023, actores cercanos al oficialismo aplaudieron los bloqueos para exigir la renuncia de la Fiscal General Consuelo Porras y jefa del Ministerio Público, presentándolos como una expresión legítima de la voluntad popular.
Casi un año y medio después, estos mismos personajes condenan con vehemencia las protestas de transportistas y sectores afectados por el seguro obligatorio, evidenciando un cambio radical en su discurso.
Recordemos que «Alex en la lucha» y Morataya, promovieron acciones para exigir la renuncia de la Fiscal General, un hecho que contó con el apoyo de varias organizaciones extranjeras, incluso se llegó a especular en fondos de USAID destinados a las organizaciones encargadas de realizar los bloqueos.
Es importante hacer notar que tanto Alex En La Lucha como Sergio Morataya han manifestado su “voto de confianza” al gobierno actual”. Tan es así, que estos dos personajes han orquestado incluso protestas «controladas» en rechazo al reciente aumento salarial de los diputados, en las que aprovecharon para hacer una defensa oficiosa de los diputados del extinto partido Semilla y las autoridades de gobierno.
Al comentar sobre las manifestaciones en curso, especialmente las de transporte afectados por el nuevo seguro obligatorio, estas figuras han adoptado una postura completamente contraria. La incoherencia es palpable: lo que en 2023 era un derecho a la protesta, hoy se presenta como una amenaza al orden público.
Publicaciones realizadas en 2023, por estos mismos activistas justificaban los bloqueos y exigían respeto al derecho a la protesta. Ahora, ante las movilizaciones contra el seguro obligatorio, han adoptado una postura completamente distinta y acusando a los manifestantes de desestabilizar el país.
Al ser cuestionado sobre su postura, el activista se desentendió del tema, argumentando que, no es taxista ni motociclista. Sin embargo, el seguro obligatorio impacta a todos los propietarios de vehículos.
El activista Morataya, en particular, fue más allá, acusando a los manifestantes de ser parte de una «organización clandestina».
En cuanto al exgobernador de Guatemala, Diego De León, no puede dejar de mencionarse su participación en un bloqueo realizado en La Bethania hace un año y que buscaba erradicar la estigmatización en contra de los vecinos de esta colonia.
La contradicción es aún más evidente cuando se observa que el mismo gobierno que en 2023 llamaba a las autoridades de turno a no hacer uso de la fuerza pública, ahora amenaza con desplegar a la Policía Nacional Civil para restablecer el orden y sofocar las protestas.
Este doble estándar refleja un uso selectivo de la protesta social: válida cuando sirve a sus intereses, pero condenable cuando desafía sus políticas. La incoherencia no ha pasado desapercibida y ha generado críticas sobre la manipulación del discurso oficialista en función de la conveniencia política.
