«Le pusieron precio a nuestros dedos»: Amanda Santizo

El primer amparo contra el Acuerdo Gubernativo 47-2025, fue interpuesto por Amanda Santizo, una abogada de largas luchas que anteriormente, interpuso recursos contra Alejandro Giammattei y varios miembros de su gabinete. Según explica la abogada, el acuerdo firmado por Bernardo Arévalo, no solo transgrede principios constitucionales sino podría caer en delitos, ya que el Ejecutivo no puede legislar y en este caso, lo hace con un tarifario absurdo que favorece exclusivamente a las aseguradoras, lo cual, explica, motiva suspicacias, especialmente porque el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, ya estuvo implicado en una acción que favoreció a la empresa Easy Marketing por Q.868,195,836,30 para emitir el DPI en el año 2008.

Roxana Orantes Córdova

Abogada penalista de largas luchas, Amanda no ejerce la autocensura y no teme exponer la realidad de las injusticias. En el caso del Acuerdo Gubernativo anunciado hoy por el ministro Jiménez, quien asegura que se emitió para promover la «educación vial», la abogada expresa: «le pusieron precio a nuestros dedos, a nuestros pies y manos. En el tarifario que parece creado para favorecer a las aseguradoras, se establecen los costos de cada parte del cuerpo, en caso de un accidente».

El reglamento se basa en el artículo 29 de la Ley de Tránsito: «Todo propietario de un vehículo autorizado para circular por la vía pública, deberá contratar, como mínimo, un seguro de responsabilidad civil contra terceros y ocupantes, conforme las disposiciones reglamentarias de esta ley. Sin embargo, también extralimita funciones del Ministerio de Gobernación, que «podrá acordar la obligatoriedad de cualquier otro seguro».

El amparo presentado hoy ante la Corte de Constitucionalidad (CC), señala:

«No existe ninguna facultad legal que permita que el Estado realice una tabla tarifaria de cuánto puede costar el dedo gordo del pie o de la mano de una persona, Los daños deben interpretarse conforme la normativa civil y es competencia de los afectados indicar a cuánto asciende el daño que se les causó o bien, es facultad del juez, es absurdo lo pretendido, no existe facultad legal para que en ese reglamento se coloque un tarifario, no somos perros o mercadería para que nos pongan precio por medio de un tarifario, mucho menos tiene facultades legales para que por medio de un Acuerdo Gubernativo se coloque precio a nuestras extremidades».

¿Qué la motivó a interponer este amparo?

En primera, la indignación ante este acto que daña seriamente a los más pobres, pero también a la clase media y a la clase media baja. El monto mínimo que establecen es algo, sobre todo para aquellas familias que cuentan con un solo carro que tienen únicamente por necesidad, ya que en el país no hay servicio de transporte público.

Por ejemplo, los jóvenes que sacaron sus motos en cuotas, porque no tienen otra forma de transporte digno, ahora tendrían que pagar una cantidad alta. Y se trata de personas a las que no les queda más remedio que andar en moto, porque no les alcanza para un carro.

Finalmente, están las personas que pueden pagar un seguro alto pero ¿con qué derecho y con qué autoridad el gobierno va a obligarlos a adquirir un servicio que no eligieron? «Me afecta, aunque pueda pagarlo, porque es algo que no he elegido pagar», pueden decir estos guatemaltecos, obligados por un Estado que goza del mayor presupuesto en la historia y al mismo tiempo, que mantiene a todo el país en la zozobra de la inseguridad, la miseria y la falta de infraestructura.

¿Por qué considera inconstitucional el acuerdo?

Además de que viola el espíritu de la Constitución Política de la República, en el sentido de que la ciudadanía debe ser protegida por el Estado, no saqueada, también está la posibilidad de que el gobernante haya cometido un delito penal, ya que el Ejecutivo no está facultado para legislar y en el tarifario de la muerte y las mutilaciones, lo está haciendo. Con el agregado de que hay evidente inclinación para favorecer a las aseguradoras, que serán las únicas ganadoras en este negocio con el Estado.

Pensar que existe una tendencia para favorecer a este sector es una presunción altamente comprobable. Arévalo y su ministro solamente consideran el beneficio para estos empresarios, pero en ningún momento, la situación de una ciudadanía donde la mayoría está en la pobreza (60%) y la extrema pobreza (30%). Para ellos, los guatemaltecos no tenemos ningún valor, excepto la utilidad que todavía pueden obtener con imposiciones como este acuerdo.

Existe amenaza latente en contra del principio de libertad de contratación y el principio constitucional de legalidad con la entrada en vigencia del artículo 5 al 11 del Acuerdo Gubernativo 47-2025 porque, por medio de un reglamento se están fijando precios o montos de resarcimiento que competen únicamente a los particulares, no existe ninguna facultad legal que permita que el Estado realice una tabla tarifaria de cuánto puede costar el dedo gordo del pie o de la mano de una persona,
los daños deben interpretarse conforme la normativa civil y es competencia de los afectados indicar a cuánto asciende el daño que se les causó o bien, es facultad del juez, es absurdo lo pretendido, no existe facultad legal para que en ese reglamento se coloque un tarifario, no somos perros o mercadería para que nos pongan precio por medio de un tarifario, mucho menos tiene facultades legales para que por medio de un Acuerdo Gubernativo se coloque precio a nuestras extremidades.

¿Considera que puede haber algún tipo de componenda o sobornos para imponer a los guatemaltecos este seguro?

No dudo que pudo haber sobornos. Especialmente, conociendo y analizando los antecedentes de Francisco Jiménez, a quien la CICIG encarceló por un contrato anómalo entre el RENAP y «Easy Marketing, empresa que no acreditó los estados y balances financieros de los últimos tres años porque sólo tenía 1 año de haberse fundado. Además carecía de la experiencia y el respaldo necesario para el tipo de contrato otorgado. Esta empresa fue constituida con un capital de 5 mil quetzales y el contrato adjudicado fue por más de Q.868 millones», según se lee en la página de la extinta CICIG.

¿Qué expectativas tiene luego de presentar el amparo?

La CC actual ha decepcionado a muchos, pero no está de más recordarles que esa corte debe proteger a los ciudadanos de los abusos y no permitir que se lleve a cabo una medida tan absurda, abusiva y presuntamente irregular como este reglamento.