¿Camino a la dictadura?
En los años setenta, un rumor circuló en Cuba: varios jóvenes hijos de «comandantes revolucionarios», ebrios y posiblemente drogados, atropellaron y mataron impunemente a una niña. La noticia jamás llegó a ningún periódico y el tema no pasó de ser un rumor que se repetía en voz baja.
Nunca quedó claro si esto fue una leyenda urbana o un crimen sin castigo gracias a la protección gubernamental, pero ilustra muy bien la forma en que se comportan las dictaduras, implacables con el mínimo disenso verbal o escrito, pero muy tolerantes cuando sus protegidos cometen cualquier clase de abuso, incluyendo crímenes.
La anédcota recuerda el «incidente» que el sábado de madrugada involucró a Samuel Pérez, diputado independiente que circulaba de forma imprudente, derribando un poste de alumbrado eléctrico. Esto podría ser la «punta del iceberg» del suceso, pero es suficiente como para que el «dignatario» reciba por lo menos, una solicitud para que le retiren el antejuicio y se pueda investigar el asunto hasta las últimas consecuencias.
Las dictaduras dan lugar a mitos, bulos y leyendas urbanas. Todos los comentarios alrededor del accidente van rodeados con esas auras, que proliferan y llegan a ser creíbles ante la poca importancia que le dieron las autoridades, que por el contrario, se esmeran en tapar los hechos. ¿Iba solo? ¿Pudo ser el autor del atropellamiento tres kilómetros antes del accidente? ¿Iba ebrio o había drogas en el auto?
Todas estas son preguntas válidas y legítimo derecho de cualquier ciudadano hacerlas, ya que Samuel Pérez no es el hijo de un magnate estilo Onasis, sino un servidor público electo para fiscalizar, mediar entre la ciudadanía y los partidos y ejercer funciones legislativas. Un individuo que vive muy bien con un sueldo inflado de forma ilegítima, luego de confabulaciones en el Congreso.
El gobierno, lejos de responder a las preguntas válidas de quienes sostienen el oneroso e inútil aparato estatal con sus impuestos, anuncia una medida draconiana: todos los dueños de vehículos estarán obligados a comprar un servicio de seguros, según el ministro Jiménez, «para favorecer la educación vial».
Más de alguno ya comenta que la medida es acertada, porque se aplica en «todos los países civilizados». La frase parece un sarcasmo, cuando el guatemalteco promedio al salir a la calle está en riesgo de ser asaltado, quedar atrapado en una balacera o sufrir cualquier otro ataque de criminales. Esto, en un ambiente incivilizado, donde no existen carreteras decentes ni transporte público digno, lo que obliga a la mayoría más necesitada a comprar motos que, a semejanza de la India, sirven para transportar a toda la familia.
No queda claro cómo, pagándoles cuotas mensuales a cualquiera de las empresas aseguradoras, que constituyen un cartel muy poderoso, los chapines van a transformar la caótica forma en que se conducen y el tránsito infernal. Pero lo dijo el ministro, mientras anunciaba multas para los ya castigados ciudadanos, que además de transitar en pésimas carreteras, sufrir los embates de la violencia indiscriminada y soportar a diputados que actúan como «niños de papá», ahora también deberán contratar un servicio que probablemente, pueda ocultar más de algún negocio entre esas empresas y el Estado saqueador que, según todos los indicios, camina apresuradamente hacia una dictadura.
