Jalisco: el horror de las fosas clandestinas y la omisión del Estado
Jalisco se ha convertido en un siniestro testimonio de la impunidad y el abandono estatal, donde las fosas clandestinas revelan un macabro escenario de la violencia desbordada. Entre cenizas y restos óseos, colectivos de búsqueda encontraron cientos de zapatos y objetos personales de personas desaparecidas, lo que apunta a una práctica sistemática de exterminio por parte del crimen organizado.
Redacción
En el sitio, los activistas encontraron tres hornos crematorios, restos óseos calcinados, alrededor de 400 zapatos, ropa y objetos personales. Entre los hallazgos también se encontraron notas de despedida junto a prendas de vestir, lo que sugiere que algunas víctimas podrían haber sido secuestradas antes de su ejecución.
De acuerdo con los primeros indicios, el terreno conocido como «Rancho Izaguirre» era utilizado por el crimen organizado para el reclutamiento y entrenamiento de jóvenes, presuntamente bajo el control del Cártel Jalisco Nueva Generación. Los buscadores también hallaron listas con sobrenombres de posibles víctimas, lo que refuerza la hipótesis de un sitio de captación forzada.
La localización de tres hornos crematorios en la zona de La Estanzuela, atribuida a una investigación del colectivo «Guerreros Buscadores», refuerza la hipótesis de que la delincuencia organizada mantiene el control territorial con total impunidad.
En Jalisco, entidades criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa han desatado una lucha encarnizada por el dominio del narcotráfico, el narcomenudeo y la extorsión.
Fosas clandestinas y crematorios ilegales
Ante la presión mediática, el gobernador Pablo Lemus anunció la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Comisión Nacional de Búsqueda. Sin embargo, activistas y especialistas cuestionan la tardía reacción de los tres niveles de gobierno, acusándolos de minimizar la magnitud del problema.
La crisis forense en Jalisco también se refleja en los números: según el informe «Nombres sin cuerpo y cuerpos sin nombre» de la organización Causa en Común, la entidad lideró la lista de fosas clandestinas en el sexenio pasado con 677 sitios descubiertos, el 50.1% del total nacional.
El hallazgo ha generado reacciones a nivel federal. La presidente Claudia Sheinbaum calificó la situación como «terrible» y sugirió que la Fiscalía General de la República podría atraer el caso para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
«Las imágenes obviamente son dolorosas, y hay que saber realmente qué pasó ahí antes de cualquier cosa. Es importante esta investigación coordinada», expresó la mandataria en su conferencia matutina del 12 de marzo.
Según datos de la Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco, entre 2018 y 2025 se reportaron 15,426 desapariciones en el estado. La mayoría de las víctimas son jóvenes de entre 20 y 29 años.
A pesar de que la zona metropolitana de Guadalajara concentra el mayor número de casos, el hallazgo en Teuchitlán demuestra que la violencia se expande a regiones menos visibilizadas. El municipio, con solo 16 hombres reportados como desaparecidos en el mismo periodo, podría ser solo la punta del iceberg.
Un estado marcado por la impunidad
Los episodios de terror en Jalisco no son nuevos. Casos como la desaparición y asesinato de los tres estudiantes de cine en 2018, los cinco jóvenes de Lagos de Moreno en 2023 o el secuestro de los hermanos González Moreno en 2021, son testimonio de un patrón de violencia sostenido por la falta de justicia.
Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, lo resume sin rodeos: «La debilidad institucional permite que grupos criminales desaparezcan a ciudadanos con total impunidad. Las familias tienen que hacer el trabajo que el gobierno no quiere o no puede hacer».
El hallazgo en Teuchitlán no solo expone la magnitud del control criminal en Jalisco, sino también el fracaso de las estrategias de seguridad. Mientras las autoridades siguen reaccionando a posteriori, las cifras de desaparecidos y ejecuciones clandestinas continúan aumentando.
