Colombia se dirige al desastre ¿hacia dónde irá Guatemala?
La captura de Nicolás Petro, hijo del presidente colombiano, y su ex esposa Days, sacude al gobierno colombiano. Aparentemente Nicolás, diputado por el gobernante Pacto Histórico, habría recibido fondos del crimen organizado para la campaña de su padre.
El hijo del mandatario fue capturado el fin de semana y hasta el momento, Gustavo Petro muestra tranquilidad y niega el financiamiento ilícito.
Por primera vez, un partido de izquierda gobierna Colombia y el deterioro de ese país parece evidente. Los problemas se suceden y van desde la inestabilidad del gabinete, con más de 10 cambios en un año, a la inflación que según analistas colombianos es sin precedentes.
Petro impulsó medidas populistas, pero impopulares, como el anuncio de otorgar estipendios a los delincuentes para persuadirlos de que respeten la ley; la ratificación del Tratado de Escazú; la reforma tributaria más cara en historia colombiana; la reforma en la salud que privilegia a médicos cubanos y venezolanos sobre los colombianos, cambios legales que podrían legitimar las fortunas de los narcotraficantes y otros.
Esto, sumado al incremento de la violencia, con secuestros de fuerzas de seguridad, extorsiones y asesinatos.
Las marchas multitudinarias contra el gobierno izquierdista de Colombia son una muestra de lo rápido que se deteriora esa administración.
A ello, se suman denuncias por el mal uso de recursos estatales. Por ejemplo, la vicepresidente Francia Márquez, quien además de viajar en helicóptero a su casa cotidianamente y con un altísimo costo, se jactó de ese despilfarro de recursos.
A todas luces, Colombia está sumida en una crisis, apenas un año después de que el populismo de izquierda encabezado por Petro llegara al gobierno.
Guatemala podría enfrentar un panorama similar, o incluso mucho más caótico, luego del 20 de agosto, cuando en las urnas habrá dos opciones de izquierda (una populista, la otra pro Agenda 2030), que llegaron al balotaje luego de una primera elección manchada por sospechas de fraude. Sospechas no esclarecidas por las autoridades del Tribunal Supremo Electoral.
