Mario Merida
Fuerzas Armadas y democracia, a propósito de la coyuntura
Mario Mérida
Desde los escritos de Platón[1]hasta la fecha se ha discutido la función de los ejércitos en la defensa y seguridad de la ciudad -nación-, explicada por Glaucón (373D76C)[2], en uno de los diálogos con Sócrates, sobre que: “… las necesidades de la defensa podrían ser cubiertas por los ciudadanos mismos”, versus los criterios de Sócrates, que se opone a ello abogando por un ejército profesional: “Los miembros de este ejército a los que Platón denomina genéricamente guardianes”, deben ser escogidos entre aquellos ciudadanos que posean aptitudes especiales, poseedores de fuerza, rapidez, valentía, amor a la verdad y habrán de ser educados y entrenados cuidadosamente con vistas a la función que deberán desempeñar.
Después del relevo del general Ponce Vaides (1944), fue convocada una Asamblea Nacional Constituyente, para elaborar una nueva Constitución (11/03/1945), que planteó una propuesta por encima de la defensa y seguridad surgida del diálogo citado en el párrafo anterior. Esta dejó normada la función de las Fuerzas Armadas en el artículo: 149: “El Ejército Nacional está instituido para defender la integridad territorial de la Nación, sostener el cumplimiento de la Constitución y el principio de alternabilidad en la Presidencia de la república. Es apolítico, esencialmente profesional, obediente y no deliberante. Se organiza como una institución garante del orden y de la seguridad interior y exterior, y está en un todo sujeto a las leyes y reglamentos”.
Las funciones anteriores fueron reducidas en la Constitución de 1956 (artículo 180): “El ejército de Guatemala está instituido para salvaguardar el territorio y la soberanía e independencia de la nación y para la conservación de la seguridad interior, exterior y el orden público se rige por las leyes y reglamentos militares…”. Vigente durante el gobierno del Presidente Ydígoras Fuentes, también relevado de la conducción del Estado por el Coronel Enrique Peralta Azurdia (1963-1966).
El retorno al orden constitucional, con la entrega de la presidencia al licenciado Julio César Méndez Montenegro (1966-1970), de Peralta Azurdia dio luz a una nueva Constitución, que normaba (Articulo 215): “El ejército de Guatemala es la institución destinada a mantener la independencia, la soberanía y el honor de la Nación, la integridad de su territorio y la paz en la República…”. Sin mayores cambios a la normativa anterior.
La última Constitución (1985), con la cual se inició nuevamente el proceso democrático bajo la presidencia del licenciado Vinicio Arévalo, establece (artículo 244): Integración, organización y fines del Ejército: “El Ejército de Guatemala es una institución destinada a mantener la independencia, la soberanía y el honor de Guatemala, la integridad del territorio, la paz y la seguridad interior y exterior…”
Lo establecido en la anterior Constitución, es tan complejo, como lo determinado hace 79 años, por los constituyentes que redactaron la Carta Magna heredada de la Revolución de Octubre (1944), porque requiere el discernimiento político del militar a cargo del Ministerio de la Defensa, concerniente a: “… sostener el cumplimiento de la Constitución y el principio de alternabilidad”. Así como: “la soberanía, la paz y el honor de Guatemala”; sin obviar la advertencia de la apoliticidad de las Fuerzas Armadas.
Latinoamérica ha sobrevivido a diversas crisis políticas generadas por el pésimo desempeño de quienes asumen funciones públicas; por el populismo aberrante, que cabalga sobre la corrupción, que termina por cooptar directa o indirectamente a funcionarios y empleados públicos carentes de ética y preparación, como el Serranazo (25/03/1993) en Guatemala y recientemente Pedro Castillo (08/12/2022) en el Perú.
En el caso del Serranazo en Guatemala, se mencionó que el ejército estaba atrincherado observando los acontecimientos, la única verdad es, que oficiales de inteligencia se encontraban en contacto con diversos actores, principalmente magistrados de las Cortes; el Procurador DD.HH; Monseñor Próspero Penados; dirigentes de partidos políticos y algunos representantes de los sectores sociales; analizando los acontecimientos para tomar la decisión correcta, tal como ocurrió.
En el libro la Historia Negada (2010)[3] , quedó registrado el rol de las Fuerzas Armadas durante el Serranazo, el cual rompió con el paradigma de la clásica sociedad pretoriana, según la describe Samuel P. Huntington: “…En una sociedad pretoriana no sólo los actores son variados, sino también lo son los métodos que se emplean para decidir en materia de cargos y normas. Cada grupo utiliza los medios que reflejan su naturaleza y capacidades peculiares. Los adinerados sobornan; los estudiantes se amotinan; los obreros se declaran en huelga; las multitudes realizan manifestaciones, y los militares golpean”. Pero, esto último cambió durante el Serranazo, cuando las FF.AA respetar lo decidido la Corte de Constitucionalidad, CC.
Huntington, continúa “La falta de instituciones políticas efectivas en una sociedad pretoriana significa que el poder se encuentra fragmentado”. Esta afirmación no se cumplió en el caso guatemalteco. El apoyo del Ejército a la CC, evitó los desbordes de ingobernabilidad en ciernes y favoreció la protección del Procurador de los DD.HH, además de posibilitar el acompañamiento del retorno a la institucionalidad hasta la designación de un nuevo presidente y vicepresidente, cargos que recayeron en los licenciados Ramiro de León Carpio y Arturo Herbruger Asturias, respectivamente.
Días después de la elección del presidente De León, se conoció por los medios la negativa de los diputados a cumplir los compromisos contraídos con la CC y los militares; por lo que el presidente ordenó una reunión del Jefe del Estado Mayor Presidencial, coronel Otto Pérez Molina y el suscrito, que desempeñaba el cargo de Director de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional, con representantes del Congreso, que “… tuvo como fin garantizar una actitud seria de parte de los parlamentarios”. En esa reunión, reitero el compromiso de los diputados debían de renunciar antes del 1 de julio de 1994. Cabe mencionar que este compromiso no fue aceptado exceptuando a la bancada de la DC”, representada por Alfonzo Cabrera[4]y[5]
Los resultados de la encuesta realizada por Prensa Libre [6], resaltan la evaluación del gobierno del presidente De León: “Uno de los principales y más reveladores datos que arrojó la encuesta, es el respaldo y prestigio que a nivel nacional goza aún el presidente Ramiro De León…con el 70% de opinión favorable” y del ejército (63%). Y la última medición encargada por este medio de comunicación[7]termina de confirmar la aceptación y confianza en las FF.AA, en la actualidad con 5% menos que hace veintiocho (28) años; “Iglesias (Evangélica 69%, Católica (64%); Maestros (58%); Ejército (58%); Partido políticos (10%); Diputados (6%)”…
Los militares de esa época, siempre tuvimos claro que las decisiones del presidente, tendrían que ser consideradas en su justo contexto, por eso no hubo sobresaltos al interior de las fuerzas armadas cuando él decidió relevar al mando militar: “los guatemaltecos han podido observar decisiones presidenciales de gran dificultad, como la destitución de dos Ministros de la Defensa y un Jefe de Estado Mayor, casos únicos en la historia del país, y lo cual alteró, como nunca antes la estructura de poder interno dentro de la institución armada.”
Esta inusual actuación de los oficiales del ejército se logró gracias al surgimiento de una nueva generación de oficiales de Inteligencia convencidos, que la transición a la democracia alcanzada por el general Óscar Mejía Víctores (Jefe de Estado 1983 – 1986), sólo era el primer paso.
La evolución de las fuerzas armadas guatemaltecas sobrepasó las expectativas planteadas en el acuerdo “Fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática” (19/09/1996), y superó las acciones de quienes pretendían deslegitimar a sus integrantes, proponiendo reformas o reconversión, versus la modernización sugerida desde las FF.AA, aún en espera de ser concretadas, sabidos de que aún estamos muy lejos de la democracia idealizada, pero que, esta descansa en manos de la institucionalidad responsable del Estado de Derecho.
Del autor
Mario Mérida es coronel del ejército de Guatemala (1970-1998) en situación de retiro, desempeñó cargos como 2do. Comte. de brigada. Director de Inteligencia del ejército, Catedrático militar, Viceministro de Gobernación, periodista, escritor Y profesor universitario.
[1] La República
[2] https://www.filosofia.net/materiales/sofiafilia/hf/soff_14.ht ml
[3] Libro escrito por el autor del presente artículo
[4] Revista Crónica. 12/noviembre/1993.
[5] “… renuncia de la junta directiva del Congreso de la República y 16 diputados llamados “depurables” pedirán hoy (30 de agosto) los parlamentarios integrantes de las bancadas del Frente Republicano Guatemalteco (FRG); Partido de Avanzada Nacional (PAN); Movimiento de Acción Solidaria (MAS); Unión del Centro Nacional (UCN) y El Cambio”. Prensa Libre 29/08/1993.
[6] 16/enero/1995
[7] Prensa Libre. 04/05/2023.
