CC no rechazó las acciones, «lo único es que no dieron suspensión provisional del presupuesto», dice Balsells
La Corte de Constitucionalidad (CC) mantiene vigente el Presupuesto General de la Nación 2025, avalado por el Congreso por un monto de 148 mil millones de quetzales. Pese a múltiples señalamientos de irregularidades, los magistrados permitirán que el gobierno utilice esos fondos mientras se define si la polémica ley es inconstitucional y debe derogarse.
Redacción
Miguel Balsells, José Ramírez y Gerardo Gálvez; el Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon), y el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), además del diputado Becquer Chocooj, interpusieron recursos legales ante la Corte de Constitucionalidad (CC), por diversas anomalías en el proyecto de ley.
Estas irregularidades van desde la forma en que el proyecto fue aprobado, con supuestos sobornos y amenazas en el Congreso, hasta la deficiente asignación de fondos constitucionales, elemento presente en todos los recursos y acciones de inconstitucionalidad presentados.
Ayer, la CC se negó a suspender la vigencia del presupuesto mientras dirime las acciones interpuestas. Esto no implica que haya desestimado o rechazado las acciones interpuestas, ya que para ello falta un proceso que incluye audiencias con las partes afectadas, explica Balsells.
Sorpresivamente, varios informativos dieron por hecho que la negativa a suspender el presupuesto provisionalmente equivale a un rechazo de las acciones, pero el interponente Miguel Balsells, asegura que «esto no ha terminado».
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Un presupuesto polémico
El Presupuesto General 2025, aprobado por el Congreso el pasado 26 de noviembre, ha desatado críticas por la evidente falta de transparencia en la gestión pública del gobierno actual. A pesar de las promesas de fortalecer programas sociales y garantizar servicios esenciales, los resultados del último año muestran un panorama desalentador.
Con nulos avances visibles en áreas clave como salud, educación e infraestructura. Esta opacidad en el manejo de recursos sigue siendo una constante que erosiona la confianza ciudadana y alimenta las sospechas de irregularidades.
Aún más alarmante es que el presupuesto de 148 mil millones de quetzales excede de manera desproporcionada el último presupuesto aprobado antes de la pandemia de COVID-19, sin que se justifique esta abultada cifra.
Mientras el país enfrenta crecientes necesidades económicas y sociales, el plan de inversiones parece más enfocado en inflar gastos que en priorizar proyectos de alto impacto. La ausencia de mecanismos claros de rendición de cuentas agudiza el temor sobre el destino de estos fondos y deja en el aire preguntas críticas sobre su ejecución.
Por si fuera poco, la aprobación de este presupuesto no está exenta de señalamientos de violaciones constitucionales, un tema que la Corte de Constitucionalidad ha evadido abordar con la rigurosidad que el caso amerita.
