Presos políticos como moneda de cambio

Por Berit Knudsen

La decisión del presidente Joe Biden de retirar a Cuba de la lista como “Estado Patrocinador del Terrorismo”, días antes de concluir su mandato, genera debates con implicaciones morales y políticas. Esta categoría, compartida con Irán, Corea del Norte y Siria, es la designación más grave otorgada por el Departamento de Estado en Norteamérica, sanciones que limitan sus relaciones internacionales, afectando su reputación y credibilidad.

La medida adoptada por la administración Biden llega antes de la asunción de Donald Trump, quien podría revertir el acuerdo que incluye la liberación de presos políticos. Múltiples organizaciones como el Consejo para la Transición Democrática de Cuba (CTDC) se han pronunciado señalando que los detenidos “nunca debieron estar en prisión”, exigiendo una amnistía general, libertad incondicional, sin exilio forzado.

Un Estado Patrocinador del Terrorismo es aquel país que apoya repetidamente a grupos del terrorismo internacional, implicando sanciones como restricciones a las exportaciones e importaciones de bienes militares y tecnología sensible, sanciones financieras y prohibiciones de asistencia económica y militar; pero uno de los principales impactos es la afectación en la reputación internacional. El jurista Robert L. Muse señala que “Es beneficioso salir de la lista porque tiene un efecto inhibidor en las instituciones financieras y los inversores”. Pero esta medida, que podría revitalizar sectores clave de la economía cubana, fortalece también la naturaleza represiva del régimen.

El acuerdo incluye la excarcelación de 553 presos políticos de las cárceles cubanas, pero organizaciones como Justicia 11J la describen como “práctica inhumana del régimen cubano al utilizar los cuerpos y la dignidad de las personas para obtener concesiones políticas y económicas”. La liberación no implica libertad plena, ya que muchos presos quedarán bajo regímenes de libertad condicional o licencias extrapenales, sin plenos derechos, perpetuando su vulnerabilidad. Grupos opositores han manifestado su preocupación ante la posibilidad de que los presos liberados sean forzados a abandonar el país, como ha ocurrido en el pasado. Pero, además, otras ONG han denunciado que algunos liberados son presos comunes.

Se estima que existen 1,161 presos políticos en Cuba; 549 fueron detenidos tras las manifestaciones del 11 de julio de 2021, por lo que las liberaciones aliviarían parcialmente la situación, pero cientos de disidentes seguirían presos por ejercer su derecho a la libertad de expresión, incluyendo 48 detenidos en los últimos tres meses.

El uso de civiles como moneda de cambio en negociaciones internacionales plantea dilemas morales. Refuerza la percepción de que los derechos humanos pueden ser negociados, perpetuando prácticas autoritarias que utilizan la represión y el encarcelamiento como herramienta de control político.

Las negociaciones de Biden exponen prácticas recurrentes en regímenes autoritarios en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. En Venezuela, la dictadura ha liberado presos políticos a cambio de aliviar sanciones internacionales; en Nicaragua, las excarcelaciones se condicionan a la salida forzada del país. En Bolivia, las detenciones de opositores se usan para negociar legitimidad internacional. Los regímenes autoritarios instrumentalizan a personas para obtener beneficios, una “plaga” internacional que perpetúa la represión, estableciendo peligrosos precedentes que debilitan los principios democráticos y los derechos humanos en el mundo.

Aunque la medida podría aliviar las tensiones, abriendo posibilidades económicas para Cuba, plantea preocupaciones éticas y estratégicas. La comunidad internacional debe exigir transparencia y respeto por los derechos humanos, evitando negociaciones que intercambian concesiones a expensas de la dignidad humana.