Oportunidades y amenazas chinas en Panamá

Berit Knudsen

El Canal de Panamá, con un tránsito del 6 % del comercio global y 57 % de la carga entre Asia y la costa este de los Estados Unidos, es una ruta esencial para el transporte mundial; pero las crecientes inversiones chinas generan preocupación sobre la soberanía, seguridad e impacto regional en esta relación asimétrica. La evolución de los proyectos entre Panamá y China, con irregularidades en inversiones clave, plantea riesgos para la estabilidad local y regional.

En 2017 Panamá dio un giro diplomático al romper relaciones históricas con Taiwán, estableciendo vínculos con China. El cambio marcó el ingreso de Panamá a la iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI), firmando 19 memorandos de entendimiento con términos no revelados, proyectos en infraestructura logística, telecomunicaciones y minería, inversiones acompañadas por irregularidades que plantearon cuestionamientos sobre el impacto en la soberanía panameña.

Según el Índice de China de Doublethink Lab, que mide la penetración de China a nivel mundial, Panamá es el segundo país, después de  Perú, que soporta la mayor influencia empresarial y política en América, aumentando el comercio bilateral que pasó de USD 12,000 millones en 2000 a USD 315,000 millones en 2020.

En 2017, el consorcio chino Landbridge adquirió el puerto de Isla Margarita en la Zona Libre de Colón por USD 1,000 millones para un terminal de contenedores. Pero una auditoría reveló irregularidades contractuales, inversión de una quinta parte de lo pactado y daños ambientales. Así, la falta de transparencia, sumada al arresto del controlador de Shanghai Gorgeous Group por fraude financiero, llevó a la cancelación del proyecto.

Como parte de la iniciativa BRI, el proyecto para la construcción de un tren de alta velocidad con una inversión de USD 4,000 millones fue anulado por falta de viabilidad y altos costos, catalogado por analistas como ejemplo de la “trampa de la deuda”, estrategia mediante la cual China ha sometido a países como Sri Lanka por incumplimiento de compromisos financieros.

La mina de cobre en Colón, operada por Minera Panamá, fue objeto de controversias al develarse el vínculo de la estatal china Jiangxi Copper Co. Ltd. como principal accionista de la matriz canadiense First Quantum Minerals; además de cláusulas cuestionadas como control total terrestre y aéreo sobre 13,000 hectáreas que limitaban la supervisión del gobierno panameño. En 2023, la renovación generó protestas masivas, culminando en la declaración de inconstitucionalidad del contrato por la Corte Suprema de Justicia.

China controla los puertos de Balboa en el Pacífico y Cristóbal en el Atlántico, donde condiciones contractuales poco claras despiertan preocupaciones sobre la posibilidad de un doble uso potencial en situaciones excepcionales. La ley de seguridad nacional china obliga a sus empresas a colaborar con esfuerzos de inteligencia gubernamental, pudiendo convertir infraestructuras civiles en potenciales activos militares, hecho especialmente preocupante en Panamá, cuya ubicación estratégica y cercanía a bases militares regionales la convierten en objetivo geopolítico.

Los proyectos chinos en Panamá proporcionan a Pekín acceso a información sensible sobre rutas comerciales y movimientos militares, conocimiento que, combinado con una creciente presencia en otros puntos estratégicos como el estrecho de Magallanes, muestra un patrón de expansión geopolítica preocupante.

Panamá ilustra cómo las inversiones pueden representar una mezcla de oportunidades económicas y riesgos para la soberanía y seguridad nacional. Las irregularidades en proyectos estratégicos, desde minería hasta puertos, subrayan la importancia de contratos claros, transparencia, supervisión rigurosa y la necesidad de diversificar los socios estratégicos, evitando dependencias perjudiciales.