Cámara Penal se niega a cumplir orden de la CC en caso Bitkov
Lesther Castellanos, comisionado de la Oficina Nacional contra la Tortura, explica el caso Bitkov y expone cómo hace cuatro meses, la CC ordenó el amparo definitivo a Irina y Anastasia, pero la Cámara Penal no les ha notificado, en desobediencia a la CC. Castellanos llama a la CSJ para que se cumpla la ejecutoria.
Redacción
La sentencia de la CC fue clara y expone:
En la sentencia de la CC, esta indica que la Cámara Penal debe observar la norma de eximentes de responsabilidad penal de conformidad con la condición de Migrantes (extranjeras) de las procesadas, excluyendo la tesis o argumento infundado de que el migrante debe estar bajo el dominio de una estructura criminal. Esta interpretación de la CSJ no está basada en ley. Es decir, que al determinar que las procesadas son extranjeras, esto significa que son MIGRANTES y en consecuencia, les son aplicables las eximentes de responsabilidad penal relacionadas.
Al comentar este caso con Lesther Castellanos, el comisionado contra la Tortura expuso:
¿Cuál es su posición en cuanto al caso Bitkov y la forma en que este se ¿abordó en Guatemala?
Como presidente del mecanismo y como relator apoyo el caso que constituye una preocupante violación a los derechos humanos consignados en la Convención de Palermo sobre los migrantes.
En este caso, la persecución política del régimen de Putin que involucró tratos crueles, inhumanos y degradantes en Guatemala, por parte de la CICIG y el Ministerio Público (MP) que dirigió Thelma Aldana.
¿Qué instrumentos internacionales protegen a los migrantes?
La Ley de la Comisión contra la Tortura protege a los migrantes. Por ejemplo, quienes migran de México a Estados Unidos, entregan hasta US200 mil por familia a los llamados coyotes. En más de una normativa al respecto es claro que el criminal es el coyote, no el migrante.
En este sentido, los parámetros de contenidos en el manual de OPCAT (Protocolo Facultativo de la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura, 2010), son claros, en cuanto a la protección a los derechos de los migrantes.
Centroamericanos y personas de otros países que migran a Estados Unidos, pagan a las redes de coyotaje. La Convención de Palermo protege a estas personas y define claramente que el criminal es el coyote.
En este caso, el papel de coyote o mediador financiero fue de la empresa Cutino, que ofrecía visados y regularización, a través de una red criminal que involucró a funcionarios guatemaltecos.
La familia Bitkov tiene exenciones, por su calidad de migrantes.
¿Los Bitkov son migrantes que fueron perseguidos en Guatemala?
Perseguidos por el régimen de Putin debieron migrar, y en Guatemala, la CICIG, a través de una estructura que involucró al MP y jueces como Erica Aifán y Jazmín Barrios, quien condenó a Irina y su hija Anastasia a 14 años de cárcel.
Se trata de una familia de migrantes que adquirió documentos reales emitidos por el Estado de Guatemala. Por ejemplo, la cédula de Anastasia fue firmada por Mayra Véliz, entonces funcionaria de migración y poco después, secretaria en el MP de Thelma Aldana.
Evidentemente, al MP no le convenía reconocer la complicidad de su alta funcionaria Véliz con la red de trata de Marcos Cutino, que vendió la documentación a la familia Bitkov. Dicha documentación fue avalada por funcionarios guatemaltecos.
A Aldana no le convenía que se develara la CIACS existente en migración, donde Mayra Véliz era parte de la red de coyotaje, comparación válida. La disyuntiva para Véliz era sacar a su secretaria o echar la culpa a los rusos “delincuentes”.
¿Iván Velásquez estuvo involucrado en esta persecución?
Hubo una relación clara, entre el régimen de Putin e Iván Velásquez, Por ejemplo, el mandatario de la CICIG Alfonso Carillo también era mandatario con poder judicial y representación del banco ruso Gazprombank, una de las dos entidades bancarias que persiguió implacablemente a esa familia.
Siendo claro que los Bitkov fueron víctimas de una estructura criminal dedicada a la habilitación de permanencia de migrantes. Iván Velásquez y el MP, en el que Mayra Véliz tenía un importante cargo, los persiguieron y convirtieron en criminales ante los medios de comunicación.
¿Cuál es el rol de la Oficina contra la Tortura en este caso?
Como oficina no podemos participar en la cobertura explícita del caso. Lo que se hizo en su momento fue exponerlo en el canal de la oficina y observarlo, dando seguimiento.
¿Qué pasa actualmente con el caso Bitkov?
El caso sigue avanzando pero hay un hecho inexplicable que involucra a la CSJ y Cámara de Apelaciones. Inicialmente, esta familia perdió la casación, si bien posteriormente, la CC otorgó amparo, con base en que se trata de migrantes víctimas de una red de trata que involucró a autoridades guatemaltecas, agentes del MP y jueces.
El amparo fue definitivo y la CC le ordenó a la Cámara Penal revocar la sentencia en 15 días. Esto sucedió en septiembre de 2024.
Hasta el momento, la Cámara no ha notificado a la familia Bitkov sobre la revocación y no cumplen con la orden de la CC. Preocupa mucho por la garantía que merece el debido proceso, que en septiembre de 2024 se les dieron 15 días para revocar y no lo han hecho.
Preocupa también la violación contra los derechos humanos de las personas, quienes no fueron responsables de delito alguno sino víctimas de un procedimiento anómalo que implicó a funcionarios guatemaltecos.
Ellos como migrantes, no podían saber que los documentos emitidos por autoridades de Guatemala y Mayra Véliz eran anómalos e irregulares.
¿Cómo considera la actuación de la Cámara Penal en este caso?
Prolongar la situación implica una violación al derecho a la vida digna de las personas migrantes. Además, están obligados a cumplir la ejecutoria de la CC, que emitió una sentencia definitiva de amparo.
Hago un llamado a la CSJ para que cumplan el plazo de ley. Igualmente, a los funcionarios de derechos humanos, nacionales e internacionales, ya que se están cometiendo varias irregularidades que atentan contra esta familia migrante.
