Superintendencia de Competencia: nuevas sanciones y más gasto público
La aprobación de la Ley de Competencia (Decreto 32-2024) trae consigo la creación de la Superintendencia de Competencia, una entidad autónoma que promete supervisar el mercado y sancionar prácticas desleales con multas de hasta Q20 mil salarios mínimos diarios. Sin embargo, detrás de esta normativa surgen preocupaciones clave: ¿se trata de un avance hacia la libre competencia o de otro obstáculo burocrático que asfixiará a los empresarios?
Redacción
La Ley de Competencia establece que, a partir del 1 de enero de 2025, comenzará a funcionar la estructura institucional necesaria para su implementación. Sin embargo, las disposiciones relacionadas con la defensa efectiva de la competencia entrarán en vigor dos años después de su publicación en el Diario Oficial.
Nueva entidad, más gastos
El Directorio de la Superintendencia deberá elaborar y aprobar un reglamento operativo, el cual tendrá que estar listo en un plazo máximo de un año. Para respaldar este proceso, el Ministerio de Finanzas destinará un presupuesto inicial de 20 millones de quetzales en 2025, destinado a cubrir los costos de organización y funcionamiento de la nueva entidad.
Además, el proceso para nombrar a sus autoridades añade otro nivel de burocracia. Su directorio estará compuesto por representantes de diversos sectores, designados mediante una Comisión de Postulación. Esto no solo aumenta los trámites, sino que podría abrir la puerta a conflictos de intereses y decisiones politizadas.
¿Más regulación, menos incentivos?
La Ley de Competencias, contempla sanciones para quienes presenten denuncias falsas o incumplan sus resoluciones, lo que podría disuadir a muchos de acudir al sistema por miedo a represalias. Al mismo tiempo, las investigaciones iniciadas de oficio por la nueva superintendencia podrían aumentar la incertidumbre y desincentivar la inversión en un entorno económico y precario.
Por otro lado, surgen cuestionamientos sobre la verdadera utilidad de esta estructura. En un país donde los recursos públicos son limitados y la eficiencia estatal brilla por su ausencia, ¿es esta superintendencia una prioridad o solo un nuevo aparato burocrático que diluirá incentivos para los empresarios?
Aunque la ley entrará en vigor aproximadamente en dos años, ya se vislumbran retos para el sector empresarial. En lugar de fomentar la competitividad, la creación de esta Superintendencia podría desincentivar la innovación y la expansión de las empresas, al imponer mayores regulaciones y sanciones que, en algunos casos, podrían ser percibidas como excesivas.
Entre las infracciones destacan las multas económicas, que oscilan entre Q1 mil y hasta Q20 mil salarios mínimos diarios no agrícolas, dependiendo de la gravedad del acto. Si bien estas medidas buscan combatir prácticas anticompetitivas, también podrían generar incertidumbre en los empresarios, quienes podrían optar por limitar sus inversiones ante el temor de sanciones arbitrarias o mal interpretadas.
Cuellos de botella y falta de claridad
Otro punto crítico es la capacidad de la Superintendencia para operar de manera eficiente. La ley le otorga facultades para investigar de oficio o con base en denuncias, pero esto podría derivar en procesos largos y complicados, afectando la resolución de conflictos en lugar de agilizarlos. Además, los intereses derivados del incumplimiento de multas, calculados con base en las tasas activas de los bancos del sistema, podrían sumar otra carga económica para los agentes involucrados.
¿Qué hay detrás de la normativa?
La Ley de Competencia responde, en parte, a compromisos internacionales que Guatemala ha adquirido, como los acuerdos con la Organización Mundial del Comercio (OMC). Sin embargo, el tiempo que ha tomado su aprobación –desde 2016 hasta ahora– sugiere una falta de consenso sobre su utilidad y aplicación.
Aunque busca alinear al país con estándares globales, no queda claro si esta nueva estructura resolverá los problemas estructurales que afectan al mercado nacional o si simplemente agregará más obstáculos al ya complicado panorama económico.
