Genocidio: una mentira que sirve de pretexto para el resarcimiento económico
El delito de genocidio, por el que el Ministerio Público (MP) pide 2,860 años de cárcel para el general Benedicto Lucas García, de 92 años, no tiene base legal, porque la izquierda nunca logró demostrar el propósito de destruir un grupo étnico, que sustenta el señalamiento de genocidio.
Entre otras evidencias que abonan a esta afirmación, la Liga pro Patria recordó en un comunicado que la intención del Estado guatemalteco de terminar con la población ixil nunca se acompañó de pruebas.
Por el contrario, es conocido por todos los guatemaltecos que vivieron el enfrentamiento armado, que los pobladores quichelenses escapaban despavoridos ante la guerrilla que aterrorizó a Quiché, sembrando terror y muerte entre la población, incluyendo a los ixiles.
También todo guatemalteco sabe que la mayoría del Ejército se integró con soldados indígenas, entre ellos centenares de ixiles que defendieron al Estado de la acción guerrillera.
Los promotores de este proceso contra Lucas García, parecen desconocer que el Estado otorgó 19 amnistías a la guerrilla, entre 1960 y 1996, cuando se firmó la Ley de Reconciliación Nacional, que eximió a los dos bandos de todos los delitos cometidos en el marco del enfrentamiento.
Como indica la Liga pro Patria, cuando se firmó la paz, la misión verificadora de la ONU no encontró indicios de que en Guatemala se hubiera cometido genocidio. El tema comenzó a levantarse gracias a la gestión de Claudia Paz y Paz en el MP, cuya fiscalía de Derechos Humanos se caracteriza por impulsar juicios que parecen movidos por la venganza, mucho más que por la aplicación de la justicia.
Estos procesos suelen estar plagados de debilidades en la investigación e incluso, arbitrariedades en su desarrollo. Por ejemplo, la negativa a que se presenten peritos que puedan poner una sombra de duda en la narrativa de los fiscales y ONG´s que se suman como “querellantes adhesivos”.
Al final el tema se reduce a dinero y venganza. El resarcimiento, como un negocio que ha sido muy lucrativo para ciertos grupos de izquierda, y la venganza contra el Ejército que pese a su victoria militar, terminó siendo el gran perdedor del enfrentamiento armado, promovido por una guerrilla financiada desde Cuba y la URSS.