Nueve años sin juicio: ¿Justicia o abuso?
El proceso judicial de CREOMPAZ, que comenzó en 2016, ha implicado la detención prolongada de 14 exmilitares, acusados de desapariciones forzadas y crímenes de lesa humanidad. La reciente resolución de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones para liberar a los detenidos, alegando falta de competencia en el Juzgado de Mayor Riesgo A, evidencia serias irregularidades en el sistema judicial y pone en cuestión el uso de la prisión preventiva en Guatemala, especialmente cuando se extiende por años sin avances sustanciales.
Redacción
Desde su aprehensión, los exoficiales han estado en prisión preventiva por más de 3,285 días, superando el límite de un año que establece la ley guatemalteca para esta medida cautelar. El tiempo excesivo en prisión preventiva plantea dudas sobre el respeto a los derechos humanos y procesales en el país, y hace que los detenidos paguen una pena antes de que se haya probado su culpabilidad.
Lesther Castellanos, abogado y actual Comisionado contra la Tortura, destaca que este tipo de detenciones prolongadas afecta no solo a los acusados, sino también a la imagen del sistema judicial. «Es un tema complejo y polarizado. Muchos asocian el caso CREOMPAZ con otros procesos de crímenes de guerra, pero cada caso es independiente y debe manejarse con respeto al debido proceso», señaló.
Según Castellanos, el caso ha expuesto prácticas cuestionables, como la acumulación de casos políticos en ciertos juzgados, lo que impide un manejo imparcial y expedito.
Cambio de tribunales
El caso, antes de llegar siquiera a juicio fue transferido al Tribunal A de Mayor Riesgo, bajo la presidencia de Yassmin Barrios, y actualmente a cargo del juez Herbie Sical. Este traslado ha implicado una prolongación en las etapas procesales.
Para profesionales del derecho, este tipo de transferencias y retrasos reflejan una falta de planificación procesal que perjudica a los acusados y erosiona la confianza pública en el sistema judicial.
Desde los primeros años, la Fundación Contra el Terrorismo (FCT) presentó varias denuncias ante posibles ilegalidades en el proceso, esto se suman a la decisión de la Corte de Apelaciones de anular las actuaciones en el Juzgado de Mayor Riesgo A se basa en que este no tenía la autorización necesaria de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para juzgar el caso, según lo estipulado por la ley de procesos de alto riesgo.
De acuerdo con Moisés Galindo, abogado defensor de Carlos Garavito, señala que este error jurisdiccional es un refleja las ilegalidades en el manejo del caso. La resolución ordena la liberación de los detenidos, aunque no cierra el caso en sí, lo que significa que podría retomarse en un juzgado de alta seguridad en Cobán, Alta Verapaz.
El proceso judicial del caso CREOMPAZ fue anulado debido a la falta de competencia del Juzgado de Mayor Riesgo A, que no contaba con la autorización de la Corte Suprema de Justicia para conocer el caso. Esta omisión en el procedimiento legal provocó que todas las actuaciones realizadas desde el inicio del proceso fueran invalidadas, lo que llevó a la liberación de los acusados.
Abuso de la prisión preventiva
El uso de la prisión preventiva como una «pena anticipada» es una violación de los derechos fundamentales y expone la necesidad urgente de una reforma judicial en Guatemala.
La ley establece esta medida como algo excepcional, y su extensión sin una condena definitiva es una práctica que contraviene los derechos humanos. En palabras de Castellanos, «El sistema de justicia debe reformarse para evitar abusos y proteger tanto los derechos de los acusados como el respeto al debido proceso».
El caso CREOMPAZ no solo refleja las debilidades del sistema judicial guatemalteco, sino que también plantea interrogantes sobre la capacidad de la justicia para manejar casos de alto perfil sin politización ni prolongación indebida de los tiempos procesales.
