Insólita e inaceptable injerencia extranjera en las elecciones
Ayer, circuló en redes que el ex embajador estadounidense Todd Robinson habría llegado a Guatemala en un avión militar, para reunirse con diplomáticos del G13, a los que según la información mencionada, pidió apoyo “para lo que se viene”. Robinson es conocido por sus actos de intromisión en Guatemala, donde llegó a impulsar reformas a la Constitución Política de la República, amenazando a diputados con retirarles la visa si no accedían a votar a favor de la propuesta. Pese a todo, no logró que la Constitución fuera manoseada por legisladores sin escrúpulos pero temerosos de perder su visa.
Supuestamente, varios se retiraron, aunque permanecieron los representantes de Alemania, Francia, Noruega, Suecia, España y EE.UU. La noticia no fue publicada ni verificada.
Sin embargo, llama la atención que inmediatamente, la Unión Europea, con las embajadas mencionadas en los chats y publicaciones de redes, divulgó un comunicado objetando el fallo soberano de la Corte de Constitucionalidad (CC), que se limitó a ordenar la revisión de las audiencias de escrutinios, solicitada por diez partidos políticos, entre estos la UNE y VAMOS, muy favorecidos por los resultados de la primera vuelta.
Asimismo, la embajada estadounidense y varios funcionarios de ese país, como el Secretario Antony J. Blinken y Brian Nichols, expresaron su preocupación por “los esfuerzos de interferir en el resultado de las elecciones del 25 de junio”.
Nichols llegó más lejos que sus correligionarios y aseguró audazmente que la revisión de audiencias “viola el espíritu de la Constitución de Guatemala”.
Aunque el gobierno guatemalteco ya pidió que cese la injerencia, esta continúa y se reitera a través de comunicados y expresiones en redes, donde se demuestra un interés fuera de lugar y ajeno a la Convención de Viena, que prohíbe a los diplomáticos y funcionarios de un país opinar sobre asuntos de otro.
El interés desmedido y la descalificación de las acciones emprendidas por las autoridades para corregir la plana a un proceso con muchos indicios de irregularidades es una injerencia inaceptable para cualquier país soberano y que resulta insólita, considerando que la intromisión viene de quienes enarbolan la bandera de la democracia y la institucionalidad.