Corte Suprema de Justicia: maniobras políticas, presiones y fracasos
El domingo 13 de octubre, el pleno de la CSJ se reunió con el objetivo de elegir a su presidente para el próximo año. Sin embargo, la incapacidad para llegar a un consenso dejó a los magistrados en el limbo, obligando al Vocal I, Carlos Rodimiro Lucero Paz, a asumir la presidencia de manera provisional.
Redacción
Mientras tanto, la captura de Carlos Ramiro Muñoz Jordán, exjefe del Registro de Ciudadanos y magistrado electo de una Sala de Apelaciones, evidencia aún más el caos y la influencia política que rodea al sistema de justicia.
Semilla busca el control del sistema judicial
El presidente Bernardo Arévalo, en un acto que muchos consideran una violación a la independencia de poderes, se reunió con los magistrados electos antes de que asumieran sus cargos. Esta movida, vista por los analistas como un claro ejemplo de injerencia política, ha desatado críticas
El encuentro de Arévalo con los magistrados electos, previo a su toma de posesión, fue duramente criticado por analistas y actores políticos. Muchos lo ven como un intento del partido oficial por ejercer control sobre un órgano clave, en medio de acusación de corrupción y manejo indebido de influencias.
Lo que agrava aún más la situación es el acercamiento del diputado Samuel Pérez, con algunos magistrados. Aunque Carlos Rodimiro Lucero Paz, presidente interino de la CSJ, ha negado haberse reunido con Pérez, las pruebas que circulan sugieren lo contrario, lo que apunta a posibles acuerdos bajo la mesa para favorecer los intereses del partido en el control de la justicia.
Injerencia extranjera
En este contexto, la influencia de actores externos, como organizaciones no gubernamentales y grupos internacionales, especialmente vinculados con la Embajada de EE.UU. UU. y la Unión Europea, ha despertado serias preocupaciones.
Estos grupos, que aparentemente buscan promover una justicia imparcial, han sido señalados por su posible intromisión en los asuntos soberanos del país.
Las conexiones de algunas ONG’s y sus agendas alineadas con intereses foráneos, lejos de contribuir a la transparencia, generan sospechas de que la elección de magistrados podría estar siendo manipulada para favorecer objetivos ajenos a los intereses de Guatemala.
