Organizaciones afines al gobierno presentan tachas contra Curruchiche y Monterroso
En lo que parece un esfuerzo orquestado para minar la reputación de los fiscales Cinthia Monterroso y Rafael Curruchiche, dos organizaciones sociales presentaron tachas en su contra ante la Comisión de Postulación a Corte de Apelaciones.
Redacción
Estas mismas organizaciones que hoy presentan tachas contra los fiscales Cinthia Monterroso y Rafael Curruchiche ya han mostrado previamente su afinidad con acciones de presión política en favor de sus propios intereses.
Durante los bloqueos de octubre pasado, bajo el argumento de «defender la democracia», interrumpieron el funcionamiento del país en una protesta dirigida contra el Ministerio Público.
Por ello, no resulta sorprendente que esta semana, estas agrupaciones hayan vuelto al escenario, ahora presentando tachas contra los fiscales Monterroso y Curruchiche.
En esta ocasión, un grupo de autoridades y organizaciones indígenas de Guatemala exigió a las comisiones de postulación encargadas de la elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (2024-2029) que garanticen un proceso «transparente». Sin embargo, esta exigencia, nuevamente, parece más alineada con intereses particulares que con un verdadero compromiso con la justicia y la democracia.
Mientras que, este viernes 6 de septiembre, la Plataforma Nacional de Víctimas del Conflicto Armado Interno también presentó tachas contra Monterroso y Curruchiche. Así como contra el juez Edy de León y el magistrado de Apelaciones, Frank Martínez.
Según los representantes de la asociación, Monterroso y Curruchiche han sido señalados de perseguir a actores políticos, lo que, según estas organizaciones, ha debilitado la democracia en el país.
Ante estas acciones, críticos señalan que estas organizaciones responden a los intereses del gobierno actual, utilizando a las víctimas del conflicto armado como herramienta para avanzar en sus objetivos políticos.
Sin embargo, esta denuncia no está exenta de sesgo. Al observar más de cerca las posturas de estas agrupaciones, resulta evidente que responden a intereses alineados con sectores que buscan mantener una narrativa favorable a sus propios objetivos.
Es necesario cuestionar si las acusaciones contra los fiscales son realmente un esfuerzo por proteger la justicia o si forman parte de una estrategia más amplia para deslegitimar investigaciones que han tocado a figuras clave de las élites políticas y económicas.
