¿Ciudadanos de primera?
El Acuerdo 214-2024 del Ministerio de Gobernación establece una especie de división de castas entre la ciudadanía, otorgando protección especial a quienes se autodenominen «defensores de derechos humanos». Al respecto, el diputado de VAMOS Allan Rodríguez, divulgó un video en el que expresa su oposición al citado acuerdo.
Redacción
Las organizaciones no gubernamentales (ONG´s), reciben millones de euros y dólares para cumplir su trabajo. Muchas de estas organizaciones no tienen un enfoque hacia el desarrollo y en cambio, su principal actividad es la «defensa de derechos». Por ejemplo, coordinan oposición a empresas extractivas, consultas populares y manifestaciones de toda índole.
El término «defensor de derechos» es difuso y más que a la actividad que ejerce el «defensor» se refiere a su posición ideológica. Por ejemplo, un periodista de derecha, como José Daniel Rodríguez, asesinado a golpes, no califica como «defensor» para esas organizaciones, aunque ejercía el periodismo, que para estos grupos es actividad de «defensa», y aunque fue asesinado vilmente, probablemente por ejercer su trabajo aunque esto nunca fue esclarecido y ningún informativo se tomó el trabajo de exigir esclarecimiento.
La elasticidad del asunto llegó a tal extremo que hace unos años, la ex presidente de la Corte de Constitucionalidad (CC), Gloria Porras, recibió atención como «defensora de derechos» en la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), porque se sentía amenazada a raíz de que Ricardo Méndez Ruiz la mencionó en una nota de prensa, que la abogada usó como prueba para interponer su denuncia y petición de protección.
Si el Estado es el único ente que puede violar los derechos humanos, parece caricaturesco que jueces, magistrados y otros funcionarios se arroguen la categoría de «defensores», aunque para los grupos que medran de ese discurso, es suficiente con plegarse a la «comunidad internacional» y sus exigencias, para ganarse el título.
Allan Rodríguez: «un acuerdo que ya había sido derogado»
Según comenta el legislador, lejos de pretender que se deje por un lado a cualquier ciudadano, por razones de etnia, género o preferencias, lo deseable es que se respete lo que ya está plasmado en la Constitución.
Francisco Jiménez está reviviendo un acuerdo que ya había sido derogado y costó el puesto a un ministro de Gobernación, porque «el pueblo no lo quiere», dijo Rodríguez.
En un contexto de violencia homicida, extorsiones y delincuencia generalizada, legislar para proteger a los grupos de izquierda que sirven a organismos supranacionales resulta contradictorio, especialmente porque la Constitución guatemalteca exige que se respete la vida y se garantice el bienestar de todos los ciudadanos, sin distingos.
Rodríguez dio a entender que promulgar este polémico acuerdo podría ser muy nefasto para Jiménez.
