La ley vs. el dinero

Hasta la fecha no se ha escuchado una declaración coherente del señor Arévalo, que se refiera a la inscripción anómala del suspendido partido Semilla y la acusación de manipulación de documentos durante la primera vuelta electoral.

Lo correcto, cuando se acusa a una persona o entidad de la probable comisión de un delito, es presentarse con las pruebas de descargo, para que sea un tribunal el que decida si es culpable o inocente.

No se vale declararse uno mismo inocente sin los pasos anteriores, como no se vale demeritar las acciones, que por mandato legal cumple el Ministerio Público y mucho menos atacar a la señora Fiscal General.

Para el actual gobernante todo se resuelve con señalar de ESPURIO o de PACTO DE CORRUPTOS lo que busque el imperio de la ley y no respalde el ejercicio de su poder, que por cierto, no tiene rumbo ni sentido.

Por fin, lograrán financiar sus planes de defensa mediante una ampliación presupuestaria decretada violando la Constitución y bajo sospechas de corromper más a los ya corruptos diputados, con la urgencia que la situación legal demanda.

Esos fondos, que superan 14 mil millones de quetzales, es el costo pendiente de la ofensiva que Arévalo lanzó contra el Ministerio Público en octubre recién pasado y contempla también el pago de una nueva ofensiva para los próximos días, justo cuando esté próxima la solicitud para levantarle el derecho de antejuicio.

Arévalo no va a defenderse con pruebas de descargo, como lo manda la ley, va a utilizar la necesidad, la pobreza y la ignorancia de los desposeídos para presentar un falso clamor por democracia, destruyéndose la frágil infraestructura de la participación cívica que tanta falta hace a este país.

Y va a utilizar también la disponibilidad financiera para defender su inmunidad corrompiendo más a los diputados que han traicionado a sus electores, otorgándoles obras, de esas que se pagan y no ejecutan.