Crisis de Estado y sociedad civil

Los guatemaltecos, que participaron por primera vez en un proceso electoral de retorno a la democracia (1985), hoy ven que esta es inexistente y, que la democracia como la practicamos en Guatemala, solo es una formalidad para elegir presidente, diputados y alcaldes cada cuatro años, representatividad limitada por la cantidad de votos obtenidos, que no llega a legitimarse con el ejercicio de la función pública que jurarón cumplir.

Hace dieciséis (16) años se vivía una situación similar a la actual, que describí en un artículo del que reproduzco el párrafo siguiente: “Está claro, que el proceso democrático iniciado en 1986, más que altibajos ha sufrido serios tropiezos, en parte por la errática conducción política de quienes han estado al frente de la estructura estatal. Es decir,  del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, hasta la fecha.  Asimismo, hay que subrayar la debilidad de la estructura partidaria, manifestada con la desaparición de varios partidos políticos al final de cada proceso electoral; producto de su creación circunstancial y no con la intención de constituirse en una institución perfectamente delimitada por una ideología y construida desde la base; pero quizás el estado actual se debe en un alto porcentaje a la apatía de ciudadanos, quienes a pesar de reconocer liderazgos en los ámbitos sectorial, académico, social, económico y comunitario, son renuentes a participar y expresar sus puntos de vista…” (¿CÓMO SALIR DE LA CRISIS? 2008), como parte de su aporte a la gobernanza.

La confrontación entre los representantes del Organismo Ejecutivo y la autoridad reponsable del Ministerio Público, además de generar un alto grado de incertidumbre, también presenta una imagen negativa del país, que se presta a la difusión de noticias falsas en las redes sociales, lo que predispone a la ciudadanía en contra de los funcionarios en disputa.

La situación del país se agrava cuando se conocen las discusiones acerca del lugar en que se reunirán los flamantes comisionados encargados de la elección de magistrados a la CSJ y Apelaciones, que da pie para que estos comisionados principien a advertir que no podrán cumplir con el plazo. Sin contar lo declarado publicamente por el comisionado Wilsón López, quien denunció la intención de algunos comisionados de entorpecer el proceso (Prensa Libre. 08/08/2024), que apenas está en sus inicios.

El Congreso de la República tampoco pasa por su mejor momento, el cual se materializa por la pugna interna por el control de la agenda legislativa, de cara a la elección de cortes, interpelaciones, elección de la próxima junta directiva, que conlleva la discusión del próximo presupuesto. Seguido de la cuestionada elección del Director de la Defensa Pública Penal, del Secretario y Subsecretario del Consejo Nacional de Atención al Migrante (Conamigua), este último supuestamente sin visa norteamericana, lo que indudablemente afectará su función. Además, de la inacabada interpelación al Ministro de Gobernación y revisión de contratos 022, por el MP, concretamente la Fiscalía contra la Corrupción, por posibles ilegalidades en las contrataciones de asesores.

En síntesis, los tres órganos del Estado no las tienen a su favor, pero sin duda el más cuestionado y presionado es el Organismo Ejecutivo, que además debe estar presto a responder acusaciones del MP y enfrentar solicitudes de antejuicio y mantenerse vigilante ante la inoperancia de su staf de ministros, que no logran demostrar que están cargo sus carteras ministeriales. Entre, estos el mayormente criticado mediáticamente es el Ministerio de Comunicaciones, cuyo ministro después de dos meses, aún no tiene respuestas positivas para los usuarios del sistema vial del país, a pesar del respiro que dio la canícula, que supuestamente finaliza el próximo 15 de agosto.

La alegría de los guatemaltecos por el triunfo de los atletas, que lograron medallas en las olimpiadas de París, se ensombrece ante la situación actual de nuestro país, que resulta útil para los opositores políticos e ideológicos del actual gobierno, que hasta la fecha pareciera carecer de una política de comunicación, que genere confianza en la ciudadanía.