Arévalo responde a Porras ¿Respeto a la ley o juego político
El presidente Bernardo Arévalo convocó esta tarde a una conferencia de prensa en la que anunció una solicitud de antejuicio en contra de la Fiscal General, María Consuelo Porras Argueta, acusándola de violación a la Constitución y abuso de autoridad.
Redacción
El mandatario justificó la acción señalando la necesidad de que el sistema de justicia no sea «víctima de la extorsión y chantaje de una minoría corrupta». Sin embargo, esta declaración suena vacía cuando se contrasta con las recientes intervenciones y declaraciones del propio Arévalo y sus funcionarios en procesos judiciales clave.
En los últimos días, han cuestionado abiertamente el Caso Zamora, la investigación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y varias resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC), al punto que la propia Corte se pronunció en contra de la injerencia del ejecutivo.
La decisión de Arévalo de solicitar el antejuicio contra Porras parece más una estratégica en una lucha de poder que una verdadera preocupación por el respeto a la ley. Hace menos de 24 horas, la Fiscal General había solicitado la debida ejecución de un amparo otorgado en mayo, que implicaba al presidente y otros altos funcionarios.
Arévalo, por su parte, pidió la revocatoria de dicho amparo, argumentando que no existían las violaciones a la Constitución alegadas por Porras.
Mientras Arévalo clama por un sistema judicial independiente y no corrupto, sus acciones sugieren lo contrario. Al desafiar las decisiones judiciales que no le favorecen, ¿No está él mismo socavando la independencia del sistema que dice defender?
Las constantes acusaciones y contraacusaciones entre el ejecutivo y el Ministerio Público están erosionando la credibilidad de las instituciones y sembrando más dudas sobre las verdaderas intenciones de los actores involucrados.
