Laparra (quien jamás estuvo en la Fiscalía contra la Corrupción) se suma al «club de los prófugos» pese a que ya estaba en libertad
La ex fiscal Virginia Laparra salió del país «hacia el exilio», según afirma, para «preservar su vida». La abogada había sido liberada recientemente con medida sustitutiva por un caso que inició con su acusación contra Lesther Castellanos que posteriormente, se viró en su contra, debido a los muchos desaciertos cometidos por la FECI que entonces lideraba Juan Francisco Sandoval, a las órdenes de la CICIG.
Redacción
Por un motivo probablemente muy oscuro, y que pareciera malicioso, muchos informativos aseguran que Laparra fue «fiscal anticorrupción», cuando la realidad es que era una agente fiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), en Quetzaltenango.
Es importante aclarar esta confusión por respeto a los lectores, quienes merecen información veraz: Laparra no trabajaba en la Fiscalía Contra la Corrupción del Ministerio Público, sino en la FECI, cuya misión es desarticular estructuras paralelas de impunidad, no casos de corrupción.
Laparra denunció al entonces juez Lesther Castellanos «para encubrir su error», según denunció el jurista repetidamente. En la confusa declaración de la ex fiscal, convergieron varios errores, de estos el más peligroso fue la fuga de información, así como el que una de sus denuncias fue realizada en calidad de fiscal, lo que implicó abuso de autoridad, dijo en su momento Castellanos.
En Quetzaltenango, Laparra fue cercana colaboradora de Marta Lucía Zamora, una colombiana que representó a la CICIG en ese departamento, y quien salió a hurtadillas de Guatemala, para seguir cobrando su sueldo de funcionaria internacional desde Colombia. Esto está plenamente documentado.
Zamora fue la promotora de que Laparra y Flor de María Gálvez, filtrasen información sobre un testigo protegido en medio de un proceso judicial. Para tratar de encubrir este error, denunciaron a Castellanos del mismo delito, vinculando al abogado Omar Barrios, quien no tenía absolutamente ninguna relación con ese proceso.
Laparra presentó siete denuncias contra Castellanos y debido a sus errores en la presentación de estas denuncias (lo hizo como fiscal, violando la Ley de Probidad), recibió como respuesta una acción similar, pero «fundamentada en ley, por abuso de autoridad, obstrucción de la justicia, usurpación de funciones y filtración de información. Atacó la independencia judicial con denuncias basadas en hechos falsos», dijo en su momento Castellanos.
Hoy, luego de enfrentar dos procesos judiciales y libre con medidas, la ex fiscal de la FECI Laparra eligió sumarse al grupo de operadores de justicia prófugos, que suelen autodenominarse «exiliados», arguyendo que su vida corre peligro en Guatemala.
