Estados de Calamidad: Una comparación entre Arévalo y Giammattei
En esencia, Arévalo parece estar recurriendo a las estrategias del gobierno anterior para hacerse de más fondos, lo que ha generado desconfianza y oposición de diversos sectores. La experiencia con Giammattei, caracterizada por el despilfarro y la falta de transparencia, ha dejado un mal sabor de boca en la opinión pública, dificultando la aprobación de nuevas medidas similares sin una justificación clara y urgente.
Redacción
El Estado de Calamidad Pública en Guatemala es una medida legal que permite al Ejecutivo restringir ciertos derechos para minimizar los daños de cualquier calamidad que afecte al país o a una región específica.
Durante su administración, el presidente Alejandro Giammattei decretó esta medida en 11 ocasiones, de las cuales nueve fueron aprobadas por el Congreso, permitiendo al gobierno realizar millonarias compras sin licitación.
Giammattei y los Estados de Calamidad
El gobierno de Giammattei utilizó el Estado de Calamidad principalmente para gestionar emergencias relacionadas con la pandemia de COVID-19 y las emergencias provocadas por los desastres naturales como tormentas tropicales. De los 11 decretos, seis estuvieron relacionados con la pandemia, permitiendo compras por más de Q1 mil 100 millones, incluyendo la controvertida adquisición de vacunas Sputnik V.
Además, tres estados de Calamidad fueron aprobados para atender emergencias climáticas, con gastos discrecionales hasta por Q1 mil 656 millones. Ejemplos notables incluyen las compras para la reparación de carreteras tras las tormentas tropicales ETA e IOTA y la adjudicación de contratos durante las tormentas Blas y Celia, así como el huracán Julia.
Arévalo y los intentos de Estados de Calamidad
El presidente Bernardo Arévalo ha intentado decretar el Estado de Calamidad en dos ocasiones, enfrentándose a una oposición significativa en el Congreso. La diferencia clave en los intentos de Arévalo es que estos han sido motivados por «posibles emergencias» en lugar de calamidades actuales. Esto ha generado críticas y cuestionamientos sobre la justificación de tales medidas.
El primer intento de Arévalo en abril de 2024 buscaba adoptar acciones contra incendios forestales y el vertedero del kilómetro 22 de la ruta al Pacífico, pero no fue apoyado por el Congreso.
El segundo intento, decretado el 8 de julio de 2024, será discutido por el Congreso el 11 de julio, aunque varios diputados han anticipado su oposición, argumentando la falta de una calamidad seria.
Reacciones en el Congreso
Diputados de diferentes partidos, incluyendo la Unidad Nacional de la Esperanza, Cambio, Valor y Cabal, han manifestado su oposición a los intentos de Arévalo. Argumentan que no hay justificación suficiente para declarar un Estado de Calamidad por posibles emergencias.
La comparación entre las administraciones de Giammattei y Arévalo muestra un contraste en la justificación y la recepción de los Estados de Calamidad. Mientras Giammattei tuvo una aprobación mayoritaria del Congreso para sus decretos, Arévalo enfrenta una resistencia considerable.
Esto refleja un escepticismo hacia la utilización de esta medida sin la presencia de una calamidad evidente, y resalta las preocupaciones sobre el posible abuso de recursos y la falta de transparencia que marcó al gobierno anterior.
