Arévalo decreta Estado de Calamidad: Diputados cuestionan la medida

El Gobierno de Bernardo Arévalo declara estado de calamidad pública en todo el territorio nacional, según el acuerdo publicado en el Diario de Centro América este lunes 8 de julio.

Redacción

El Acuerdo Gubernativo número 2-2024 establece el estado de Calamidad. Según el acuerdo publicado por el gobierno, la medida es necesaria para atender la emergencia ocasionada por las lluvias y la saturación de suelos, factores que aumentan significativamente el riesgo de desastres naturales en el país.

No obstante, la decisión ha suscitado críticas entre varios diputados, quienes expresaron su rechazo a la iniciativa. Argumentan que el Gobierno cuenta con los fondos suficientes para responder a las emergencias generadas por las lluvias, cuestionando la necesidad de decretar un estado de calamidad.

El Acuerdo Gubernativo, que ya ha entrado en vigencia tras su publicación en el Diario Oficial, debe ser presentado al Congreso de la República para su conocimiento. En un plazo de tres días, el Congreso tiene la potestad de ratificar, modificar o improbar el decreto.

De ser aprobada por el Legislativo, el estado de calamidad estará vigente por un período de 30 días.

Medias que otorga el Estado de Calamidad

Según el artículo 5 del Acuerdo, se podrán implementar medidas de carácter urgente como:

• Limitación del derecho de libre locomoción.
• Orden de evacuación de las regiones afectadas.
• Implementación de acciones inmediatas a nivel nacional, regional, departamental, municipal y local.
• Aseguramiento de libre acceso vial a las zonas afectadas.
• Cooperación y auxilio de las dependencias del Organismo Ejecutivo.
• Coordinación con autoridades civiles y militares bajo la supervisión de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED).

Reacciones y próximos pasos

El estado de calamidad permite al Gobierno centralizar la gestión de recursos y coordinar acciones rápidas en respuesta a las emergencias. Sin embargo, la medida ha generado debate sobre la transparencia y la eficiencia en la utilización de los fondos públicos para la gestión de desastres.

Se espera que las próximas 72 horas, los diputados tomen la decisión de aprobar, improbar o reformar el acuerdo.