Julio Valdez
El “diario militar”: autenticidad, manipulación y criminología política
Palabras clave:
Conflicto armado, dossier de la muerte, guerrilla, ejercito, policía nacional, militantes, activistas, Ongs, narrativa dominante, sesgo confirmatorio
Resumen
La primera versión de este ensayo surgió como una columna que tuve a mi cargo en el periódico digital https://www.perspectiva.gt/ pero dada la importancia de la temática hemos profundizado hasta convertir este en un ensayo para la discusión, que hoy se publica en este espacio de 24:7/Prensa Digital..
Mucho de lo que se ha dicho sobre el documento Diario Militar o bien el Dossier de la Muerte posee muchas inconsistencias, las cuales no han sido tomadas en cuenta por parte de los juzgadores de los acusados por tales actos en tribunales. Esto ha alimentado nuevamente agrias discusiones sobre la dimensión de la lectura de la historia y su versión oficial expresada en los informes de la CEH y REMHI hasta llegar a las propuestas de ley de punto final por parte de algunos legisladores, que ven en tales procesos judiciales una cacería de brujas.
La idea con este ensayo es disponer de elementos de análisis que han sido abordados por otros autores, cercanos por cierto a la narrativa dominante, para plantear la interrogante, ¿es realmente este documento una referencia válida tanto histórica como legalmente?
Introducción
A finales de 1999 salió a la luz el documento que está sirviendo de base para acusaciones legales denominado diario militar, aun cuando no está hecho en papel membretado ni tenga la presentación oficial. Se presentó así no tanto por el reconocimiento de su procedencia sino por el nivel de la acusación que vendría más adelante. Por cierto, el vendedor de tal documento solo se presenta como miembro del Ejército sin nombre ni identificación, no se sabe en qué sección de la institución trabajaba ni la temporalidad de nombramiento o contratación al menos, y aun así le dieron credibilidad al documento ¿por qué? Pues porque la información ahí consignada era de personas que constaba habían desaparecido o bien muerto y se manejaba la versión que la responsabilidad de esto era completamente del Estado y en especial el Ejército nacional, porque era un supuesto miembro de esa institución quien lo vendió.
Aquí nos encontramos con un primer problema, que se manifiesta con un concepto manejado en justicia penal como es la Cadena de Custodia : “el conjunto de medidas que deben adoptarse a fin de preservar la identidad e integridad de objetos o muestras que pueden ser fuente de prueba de hechos posiblemente delictivos” (Gonzales Motiel, s.f.) aun así, el documento, que prontamente fue definido como Dossier de la Muerte, para guiar la condena simbólica, se convirtió en prueba reina para juicios por responsabilidad institucional en la represión contra “población civil no armada”.
En junio del 2009, durante el gobierno de Álvaro Colom, famoso por haber dado entrada a varios miembros de las estructuras intelectuales de la ex guerrilla en sus instituciones más emblemática, publicaron un estudio titulado La autenticidad del Diario Militar, a la luz de los documentos históricos de la Policía Nacional (SEPAZ, 2009) que bajo el argumento de no sufrir represalias no consignó nombres de los investigadores, solo asume la responsabilidad institucional la SEPAZ, con todo y que era institución del Estado.
En dicho informe se cruzan algunos datos obtenidos en el recién constituido Archivo de la Policía Nacional con el ya definido Diario Militar, que sigue sin poseer identificación, y se corrobora que en efecto la Policía conocía de algunos de los casos consignados, incluso se informa que ha habido seguimiento y en algunos casos detenciones, por supuesto que la PN no reconoce haber cometido secuestros ni asesinatos, hay que recordar que dichos informes tenían el carácter de oficial. A continuación, las incoherencias que hemos identificado en ambos documentos que se presentarían como la prueba reina contra los implicados, a saber:
Contradicciones y paradojas
- Es un documento apócrifo endilgado al Ejército por la jerga utilizada, no equiparable con otros documentos oficiales, y porque que se señala que algunos de los detenidos fueron trasladados a dependencias del Ejército, recalcando, no en forma oficial,. No señala directamente a ningún funcionario que manda o recibe tales encargos de detenidos. El hecho de que no haya membretes, sellos u otras identificaciones establece que no hay una autoría reconocida, lo que parece poca cosa para quienes en su sesgo afirman que es suficiente que los hechos consignados sean reales para endilgar responsabilidad institucional. Esto no se puede considerar como prueba porque no lo es, hay que recordar que durante la elaboración de los informes de REMHI y de la CEH uno de los señalamientos más recurrentes era que los comisionados no tenían acceso a archivos oficiales, para confirmar las denuncias de las supuestas víctimas. El Ejército nacional entregó informes a la CEH, sobre crímenes cometidos por la guerrilla, que no fueron tomados en cuenta porque suponían que estos solo los exculpaba y habían sido hechos a medida. Durante el gobierno de Álvaro Colom quien dio impulso a las acusaciones, se planteó abrir los archivos, pero al final no se accedió. El por qué de esto podría ser motivo de discusión, pero lo que importa en este momento es que no hay información oficial que corrobore los datos del llamado dossier. No es sino hasta que surge el archivo de la PN y las investigaciones posteriores cuando se logra hacer el cruce entre informes de seguimiento a algunas de las personas que ahí aparecen con los hechos. En el momento que estos análisis se realizan el archivo está en condiciones poco favorables para las acusaciones posteriores. Sobre esto ahondaremos más adelante.
- Acciones llevadas a cabo por la PN fueron endilgadas al Ejército en especial a sus cuerpos de inteligencia. Esto resulta contradictorio, en varias oportunidades se ha recalcado en informes realizados por ex militantes de la guerrilla y dados por válidos por entes de justicia,que en los tiempos de lucha contrainsurgente la policía era una extensión del ejército que había asumido la tarea de lucha contra la guerrilla. Sin embargo, algunos de esos cuerpos de seguridad en el periodo señalado no estaban bajo el mando militar tal es el caso del Cuerpo de Detectives y el Comando Seis, claro contrasta con la PN donde había un mando compartido, pero más allá de este detalle está el hecho de que el gobierno de Estados Unidos tenía amplia participación en el montaje y dirección de estos cuerpos de seguridad. No hay que olvidar que Guatemala ya llevaba más de 15 años de lucha contra la amenaza global del comunismo.
- La dirección del Archivo de la PN estuvo en manos Gustavo Meoño Brenner, del 2005 hasta casi el 2017. Meoño fue miembro de la dirección nacional del EGP o Ejército Guerrillero de los Pobres, que era una organización insurgente, además muchos de los trabajadores del mismo habían sido militantes de las organizaciones insurgentes que se habían disuelto en 1996, un claro conflicto de intereses en tanto que los objetivos políticos de este señor estaban claramente definidos como contrarios a los de los sujetos señalados por tales crímenes. Meoño Brenner ha gozado de la amnistía que de cara a los actuales procesos no debió ser adjudicada porque tenía responsabilidad intelectual en secuestros, asesinatos, extorsiones y sobre todo en reclutamiento de menores. Este último es un crimen de lesa humanidad, aun así, gozó de impunidad sobre todo durante el gobierno de Colom quien alimentó los procesos legales contra miembros del Ejército con informes como el que usamos para hacer este artículo. El problema del conflicto de intereses es que no se puede usar los documentos referenciados por temor a que hayan sido manipulados en función de los intereses de quien los tiene a su cargo, otra vez, esto no le importó al juez de la causa, quien asume que el documento habla por sí mismo y no toma en cuenta la forma como este fue escrito, la fuente, como apareció y quien lo está utilizando, tampoco el tratamiento político que tuvo posteriormente. El caso de Meoño Brenner es paradigmático, porque habla de la enorme impunidad con la que ex criminales de guerra se mueven, manipulan pruebas que se utilizan en procesos legales y todo esto con el amparo de la comunidad internacional y es que hay que recordar que el archivo de la PN en sus primeros 10 años funcionaba casi en tu totalidad con financiamientos extranjeros, el Estado no podía asumir los costos, esto dio motivo a un agrio debate sobre si el mismo debería pasar de la SEPAZ al Archivo General de Centroamérica.
- La guerrilla constantemente hacia uso propagandístico de los caídos que pertenecían a estructuras amplias, o sea, supuestos civiles que no tenían más conexión que sus actividades amplias, por ejemplo estudiantes, profesores, sindicalistas y familias de ellos. Sobre ello se organizaron el Grupo de Apoyo Mutuo, FAMDEGUA, Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala CONAVIGUA e incluso la misma Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, pero sobre la militancia no había nada, dadas las características del contexto en que sucedieron tales hechos. La idea para finales de los noventas era hacer pagar el Estado por todos los caídos, de hecho ese sigue siendo la motivación, y claro, obtener reconocimiento en el camino. El dossier calza muy bien, sobre todo porque aquellos supuestos secuestros también estaban documentados de parte de la guerrilla. O sea, sabían el contexto, es más, no sería de extrañar que algunos de esos que fueron puestos en libertad hayan sido ejecutados por sus mismos camaradas aduciendo que habían traicionado a la causa[1] (Saxon, 2017), pero en la elaboración del dossier apócrifo se señala al mismo autor institucional para que al final sea el Estado el que pague los resarcimientos.
- La mayoría de los consignados en el documento pertenecen a la organización que menos peso tenía a nivel de amenaza militar, el Partido Guatemalteco del Trabajo o PGT, esto se debe a dos razones supuestas, a saber: a) ahí fue donde se produjo el trabajo de infiltración y b) era la organización que tenía a la mayor cantidad de militantes intelectuales de clase media que al final eran los que iban a proseguir con las denuncias penales. Entre militantes escondidos bajo el manto de dirigentes estudiantiles, sindicales o comunitarios los demandantes ahora plantean que aquellas acciones formaban parte de la política de Estado de acabar con el “enemigo interno” que contradictoriamente era el dirigente estudiantil, el sindicalista o simple dirigente comunitario. Se blanqueó completamente la identidad combativa al reportado como desaparecido. Solo algunos puntualizan el hecho que de haber existido el indicio de ilícitos estos tendrían que haber sido consignados, de hecho en ese mismo documento apócrifo se señala que algunos fueron consignados por delitos no definidos como políticos. Pero la manipulación en la interpretación de los datos reside en afirmar que un documento de tales características es suficiente para determinar responsabilidad sobre hechos criminales que supuestamente se llevaron a cabo durante el conflicto armado interno. La paradoja del blanqueamiento es que en su mayoría, sino es que todos, los que murieron siendo militantes hubieran deseado ser recordados como combatientes, está el caso paradigmático número 60 de Allan Gatica Paz, que es el único cuyos datos son acompañados con una fotografía de él estando muerto. Este militante según el relato del documento apócrifo aparentemente se suicida una vez se ve acorralado por sus captores, él había sido convencido en su organización que una vez capturado iba a ser torturado para denunciar a sus compañeros. Esto contradice el hecho de que hubo otros que al ser capturados luego de proporcionar información fueron dejados en libertad y quedaron a disposición, pero el caso de Gatica lo traemos a colación porque el fue un combatiente convencido de que su vida era prescindible en función de la causa, y ahora se le reivindica como víctima porque así casa mejor con la narrativa dominante impuesta por organizaciones de DDHH.
No hay una sola acción armada realizada durante el conflicto armado que se pueda calificar de humanitaria. Esa no es la lógica, en todo caso cabría discutir si fue legal o no, sin embargo, el partir de que la muerte o supuesto secuestro de un militante lo hace ya inmune al juicio penal porque su acción ha sido justificada ideológicamente por la narrativa dominante es un despropósito. No hay juicios sobre quienes armaron a jóvenes, a quienes dispusieron artefactos explosivos en áreas pobladas de civiles y en infraestructura productiva y demás actos que de repente se desvanecen ante la posibilidad, certeza para algunos, de que el Estado a través el Ejército y la PN llevaron a cabo actos de represión extrajudiciales.
- Se ha obviado el tema de la metodología usada por organizaciones insurgentes, la utilización de la falsa bandera, que no es más que endilgar responsabilidad institucional por acciones cometidas por ellos mismos. Muchas de las ejecuciones extrajudiciales se dieron de esta manera. Claro, de esto no hay archivo y los informes de la PN en cuanto a la consignación de este tipo de hechos, probablemente fueron destruidos por quienes tuvieron a su cargo el mismo durante los primeros años de existencia. En las organizaciones amplias de la guerrilla o de masas como se les conoció después fueron ampliamente conocidas las rencillas producto en principio por chauvinismos, luego por razones estratégicas y finalmente por cuestiones más mundanas como seria dinero y poder como fue el caso de la USAC donde FRENTE y FERG (Alvarez Aragon, 2002) se enfrentaron agriamente (Kobrak, 1999) y a veces en forma armada, claro, los muertos y desaparecidos en tales enfrentamientos tenían mucho más valor para la militancia y luego para los resarcimientos el que fueran endilgados al enemigo institucional, es más, el hecho de que Meoño Brenner haya manipulado las pruebas de contraste respondería al acto criminal de borrar pruebas de responsabilidad institucional del EGP, por ejemplo militantes que hubieran sido ejecutados y que en los archivos policiales se hubiera mostrado investigaciones que señalaran a responsables directos, todo eso desapareció.
- El blanqueamiento de la memoria. Concuerdo al 100% que si una persona es señalada de actos ilícitos esta debe ser consignada y con todas las garantías legales juzgada, eso es un hecho ahora, podríamos discutir si este principio del debido proceso era posible en los años en que estallaban bombas, había tiroteos en las calles, con secuestros, amenazas, extorsiones y robos, obviamente el Estado se desbordó, pero esto no minimiza sus responsabilidades legales. Pero, por otro lado, estos juicios fuera de tiempo y con sesgos históricos se plantea que las víctimas, en su totalidad, sucumbieron sin responsabilidad a sus acciones, con ello se niega de entrada otra responsabilidad que no sea la del Estado, a lo mejor esta afirmación no se entiende si no es con un ejemplo, a ver: la mayor cantidad de miembros de maras o pandillas suceden en manos de otros pandilleros, por luchas internas, traiciones, territorio y negocios. Si hacemos a un lado esas condiciones sociológicas en donde y como se reproduce la criminalidad se asume que las muertes de estos por entero son responsabilidad del Estado y por lo tanto él es el responsable de resarcimientos. Hoy en día no hay un solo proceso legal por ejecuciones extrajudiciales endilgadas a la guerrilla, y no hay organización militar marxista en el mundo que no las haya realizado, en parte eso se debe a que se carece de denuncias y de archivos, obviamente los mismos familiares denunciantes del llamado dossier de la muerte tendrían derecho a saber si sus familiares fueron ejecutados por sus propios camaradas[2] (Morales, 2009), sin embargo, eso no sucederá mientras la narrativa dominante siga viendo en una sola dirección, de hecho el dossier sirve para ello, además no hay resarcimiento para dichas victimas si se demostrase lo contrario un hecho calculado desde el mismo momento que el documento se filtró luego de una transacción monetaria.
- El sesgo confirmatorio o la tendencia a favorecer la información que confirme las propias creencias se muestra todos los datos consignados en el documento apócrifo son dado como validos porque muestran la lógica de recopilación de inteligencia de organizaciones guerrilleras, blanqueadas por el mismo sesgo. Se hace a un lado el problema de la cadena de custodio, de la forma como este documento se hizo público y sobre todo por parte de quien. Hay una contradicción que se presenta la lectura del dossier que sobre sale por las demás, se asume que el listado de todos militantes detenidos desaparecidos y asesinados son reales, sin embargo en la primera parte del documento en cuestión se proporciona un listado detallado de organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la guerrilla, obviamente se niega tales vínculos, o sea esta parte del dossier no son verdaderos, las organizaciones de la llamada sociedad civil son planteadas como expresión de la sociedad, valga la redundancia, no son quinta columna de la estrategia de incidencia política de la guerrilla en esa misma sociedad y a nivel internacional. Al parecer se le da validez parcial al documento y eso, contradictoriamente, compromete la solvencia del mismo.
- Memoria histórica y manipulación. Ya el Doctor Sabino apuntaba: Se trata de una historia en buena medida mutilada, recargada de interpretaciones sociológicas esquemáticas y debatibles, que apela al sentimiento para proyectarse a la política del presente proponiendo acciones que van desde las medidas de resarcimiento para las víctimas del conflicto hasta los procesos penales contra determinados actores del mismo, siempre militares (Sabino, 2016) la narrativa del conflicto se impuso con el argumento teórico ideológico de la memoria para llevarla al plano de lo vivo, los informes del REMHI y de la CEH pecaban de ser totalizantes o sea, daban un panorama tergiversado de todo el proceso histórico, son la referencia contextual, pero el dossier y el posterior informe de la SEPAZ tenían el objetivo directo de convertirse en acusaciones penales. Partamos del hecho de que los militares de alta, acusados en este caso, no se amnistiaron y ello responde al hecho de que al final de las negociaciones de paz se trataba de que aquellos que se encontraban en la clandestinidad retornasen con garantías constitucionales, para ello reconocieron lo ilegal de su lucha, esto insultaba el honor de muchos, contradictoriamente no se amnistiaron todas las estructuras institucionales de las Ongs porque no reconocieron ser parte de aquellas organizaciones y el Estado no estaba interesado en demostrarlo, o sea, siguieron siendo. Los acuerdos de paz fueron acuerdos de buena voluntad, pero solo entre los firmantes no entre los no firmantes. Las acusaciones con este tipo de pruebas tan poco consistentes solo demuestran la tendencia a mantener abierto el tema del conflicto después de 22 años de firmados los acuerdos, no solo por razones financieras sino porque asumen que los responsables directos, que no se amnistiaron gozaron de impunidad y al mismo tiempo todos los actos de guerra, como asesinatos, sabotajes, secuestros, extorsiones y reclutamiento de menores estaban justificados.
- “Ya los principales militantes son perfectamente conocidos” (Serge, 1972) Víctor Serge apuntaba que una de las principales tareas de inteligencia de las fuerzas de seguridad era la de realizar profundos estudios de antropometría, que consistía en la descripción detallada los detenidos para su identificación judicial. Las fotos que se utilizaron para graficar individualmente a los supuestos militantes en el dossier eran de estudio que se tomaban en para la cédula de vecindad o bien para el pasaporte, no hay ni una sola foto de los capturados en separos, una práctica habitual cuando se es fichado. Se podría afirmar que no existen tales registros porque sus detenciones eran ilegales, sin embargo se han tomado la molestia de incluir fotos de estudio. Esto nos cuestiona la razón de este documento apócrifo, era para detectar militantes o para registrar los que ya habían sido detenidos. Si fuese lo segundo, tiene sentido que hubiera fotos en el momento de las detenciones. Si es lo contrario, y se pretendía identificarlos, dichas fotos no eran de mucha ayuda en tanto las poses de estudio no servían para una detección en calle. Para esto se usa fotografía in situ, como las tomas tomadas por Mauro Calanchina, las cuales servían mucho mejor. Esta incoherencia reafirma que cualquiera pudo hacer el documento si contaba con esas fotos. No tiene sentido que las instituciones como la PN o el ejército hicieran un documento con información como la que se consigna para que un grupo de secuestradores hiciera su trabajo, o sea, de qué le sirve saber al personal operativo si el objetivo estudió en la Unión Soviética o no, en todo caso importaba a los interrogadores. Y si este documento era para el personal de inteligencia, la información consignada era exigua, ambigua y superficial, faltaba por ejemplo, quienes eran sus familiares, donde trabajaba, sus contactos dentro de la estructura y otros aspectos que forman parte de un informe de inteligencia, y antes de que digan que esto se piensa en este momento y no a inicios de los ochenta, hay que recordar que en 1925 se publicó Ce que tout revolutionnaire soit savoir sur la represión de Víctor Serge (Serge, 1972), un libro que fue ampliamente difundido en todo el mundo y especialmente en América Latina donde se usó para formar a toda la militancia supiera cómo operaban los cuerpos de inteligencia del Estado, es obvio que el citado dossier era un documento que contrariaba todas aquellas enseñanzas que los cuerpos de seguridad hacía décadas había superado. Ese documento fue elaborado por encargo para cuadrar con la narrativa, y ahora se usa, con todas sus deficiencias, para justificar juicios penales lo que no deja de ser una contradicción.
[1] Dan Saxon en su descripción sobre el supuesto secuestro de Maritza Urrutia logra plantear como en la oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, aparentemente, y en funcionarios de la embajada norteamericana, que finalmente la sacaron exiliada a EEUU; planteaban el temor bien fundado que ella podría ser asesinada tanto por el ejército como por el EGP una vez dejase el refugio de la Iglesia, estas ideas provenían de casos bien documentados de ejecuciones llevadas a cabo en Nicaragua de militantes que nunca aparecieron.
[2] Mario Roberto Morales en su libro Señores bajo los Árboles reproduce casos de ejecuciones llevadas a cabo por el Ejército Guerrillero de los Pobres EGP contra militantes del MRP-Ixim, es obvio que de esto no hay denuncias penales además en la guerra de propaganda era mejor endilgar todas las muertes al Estado que a guerrilleros por lucha de poder, esta manipulación del relato y narrativa es dibujada por el mismo autor en las discusiones que se llevaron a cabo en torno a los hallazgos realizados por David Stoll que planteaba claramente que aun cuando si existían problemas agrarios en Guatemala en el libro escrito por Elizabeth Burgos sobre los relatos de Rigoberta Menchú decide, en conjunto con sus editorialistas del EGP presentar una situación que cazara mejor con el relato de la lucha de clases y racial.
